La corrupción en el Perú no solo persiste, sino que se ha integrado al funcionamiento cotidiano del país, afectando la provisión de servicios públicos, la ejecución de obras y la capacidad del Estado para ordenar la actividad económica. Esa fue una de las principales conclusiones que dejó el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), tras la ponencia de Juan Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética.
Los indicadores derivados de la XIII Encuesta Nacional de Percepciones sobre Corrupción muestran que la percepción ciudadana se ha agravado de forma sostenida en los últimos años. Hoy, dos de cada tres peruanos consideran que la corrupción es uno de los principales problemas del país, y casi el 90% percibe que esta ha aumentado en los últimos cinco años.
En ese sentido, el analista político Iván Arenas señaló que esta percepción ya está instalada en la ciudadanía. “La gente reconoce que este país funciona mal, o bien, o más o menos, pero funciona con corrupción. De lo contrario no puede funcionar”, sostuvo.
Para recuperar la confianza ciudadana, Augusto Townsend, fundador del Comité de Lectura y cofundador de Recambio, subrayó la necesidad de renovar la clase política. “Necesitamos que haya gente buena y decente tratando de entrar a la política para desplazar a los políticos que ya conocemos.
Además, se necesita una reforma vinculada al financiamiento electoral, por eso es importante que la gente piense bien su voto en estas elecciones.”, aseveró.
Economías ilegales y la política
Las reflexiones del panel también pusieron foco en el avance de las economías ilegales hacia esferas políticas. En ese sentido, Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos en el Instituto de Criminología, advirtió que el país está ingresando a una fase más crítica.
“Estamos empezando a presenciar la participación abierta y expresa de la economía ilegal en la vida política del país, con total impunidad”, afirmó, al señalar que esta dinámica erosiona la democracia y distorsiona la toma de decisiones públicas.
Esta advertencia se condice con la expansión de actividades ilícitas como la minería ilegal, percibida por más del 90% de los peruanos como un problema grave o muy grave, y frente a la cual una mayoría similar considera que el Estado no está respondiendo de manera efectiva.
Desde su perspectiva, Augusto Townsend, advirtió que el financiamiento electoral se ha convertido en una forma anticipada de intercambio de favores: “yo entrego un financiamiento a un partido y estoy haciendo que el partido me deba un favor”, una práctica que, dijo, no siempre se manifiesta de manera explícita, pero que condiciona las decisiones posteriores.
Fuente: IIMP.