En 2025, las exportaciones de oro ilegal superaron los US$ 11,500 millones, un monto 6.5 veces mayor que el de hace una década y 55% superior al de 2024. Esta expansión también se refleja en el sistema penal y financiero.
Las denuncias por minería ilegal en el Ministerio Público se duplicaron de 1,266 a 2,601 a nivel nacional entre 2021 y 2025. Estos incrementos fueron aún más pronunciados en regiones con alta presencia de minería ilegal como La Libertad (de 146 a 419), Cajamarca (de 33 a 260) y Madre de Dios (de 245 a 427). Por su parte, los reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculados a esta actividad, hechos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, alcanzaron US$ 6,036 millones en 2025, más de 4 veces el valor en 2024 (US$ 1,407 millones). Más aún, entre 2016 y 2025, este monto se multiplicó por ocho, frente a un incremento de solo tres veces en el resto de ROS vinculados a otros delitos.
Esta dinámica responde, en parte, al alza del precio del oro, que superó los US$ 4,500 por onza en 2025, y a la limitada capacidad del Estado para controlar economías ilegales que incluso se superponen en un mismo territorio. Esto ocurre en zonas como Pataz o Tambopata, donde la minería ilegal coexiste con el narcotráfico. El avance de esta actividad ya afecta inversiones mineras formales por más de US$ 12 mil millones (Conga y Michiquillay en Cajamarca, Los Chancas y Haquira en Apurímac) y ha deteriorado la competitividad del país. Según el Instituto Fraser, pese a los altos precios de los metales, el Perú pasó de superar al 83% de las jurisdicciones evaluadas en 2018 a solo el 40% en 2025.
Revisión de propuestas de partidos políticos
Frente a este escenario, el IPE revisó las propuestas de los tres partidos con opción de pasar a segunda vuelta —Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JPP) y Renovación Popular (RP)— en siete ejes prioritarios para combatir la minería ilegal: formalización, trazabilidad, fiscalización, desarrollo alternativo, coordinación interinstitucional, cooperación transfronteriza y presencia del Estado. FP presenta propuestas alineadas en seis ejes, JPP en dos y RP en solo uno.
En el eje de formalización, la omisión más grave es que ninguno de los tres partidos propone eliminar el REINFO ni establecer plazos improrrogables, pese a que solo el 2.4% de los inscritos ha logrado formalizarse en más de una década. Más aún, las tres bancadas votaron a favor de su quinta prórroga consecutiva en diciembre de 2025. Adicionalmente, JPP plantea basar la formalización en cooperativas y «parques mineros» bajo tutela estatal, replicando un modelo boliviano cuestionado: en 2017, las cooperativas de ese país habrían producido el 99% del oro registrado, pero solo explicaron el 0.6% del valor exportado, lo que evidenciaría su uso como mecanismo de blanqueo según la Fundación Milenio de ese país.
En trazabilidad, RP y JPP proponen intervención estatal directa en la comercialización del oro. En particular, JPP propone la exclusividad estatal en esta comercialización. Estas propuestas son perjudiciales, pues desnaturalizan la función del Estado y, sin trazabilidad robusta, terminaría legitimando la producción ilegal.
Por su parte, los tres partidos coinciden en reducir plazos de concesiones mineras: JPP plantea recortar el plazo de caducidad de 30 a 5 años, FP propone plazos obligatorios de exploración y RP plantea revertir «áreas ociosas» al Estado. Ninguna de estas propuestas resulta técnicamente adecuada para fortalecer la presencia del Estado en territorios afectados por la minería ilegal.
Estas medidas desconocen que un proyecto minero tarda en promedio 40 años en iniciar producción e introducen una incertidumbre jurídica que desincentiva la inversión formal y facilita la ocupación ilegal del territorio. A ello se suma la propuesta de JPP de aumentar regalías y revisar contratos, pese a que el Perú ya registra una carga fiscal minera superior a la de Chile y Australia, según el FMI. Es preciso recordar que hacer más complejo el camino para ser formal solo hace más fácil el camino para las actividades informales e ilegales.
El próximo gobierno enfrentará una minería ilegal consolidada y altamente rentable. Revertir esta dinámica exige una estrategia integral que combine formalización con plazos creíbles, trazabilidad robusta, fiscalización sostenida, presencia estatal real en territorios capturados y cooperación transfronteriza. De no avanzar en esa dirección, se consolidará un problema que ya erosiona el fisco, el medio ambiente y la competitividad del país.
Fuente: IPE.