El Perú atraviesa una coyuntura decisiva frente al avance de la minería ilegal, la conflictividad social y la expansión de economías criminales que hoy operan en distintas regiones del país, alertó Iván Arenas, analista en minería e hidrocarburos en su exposición en proEXPLO 2026.
“Estamos viviendo un momento de coyuntura crítica. O cambiamos el rumbo del país, o seguimos haciendo casi todo mal”, afirmó.
Durante su intervención, Arenas sostuvo que la conflictividad social en torno a la minería ha cambiado de naturaleza en las últimas décadas. Explicó que el país pasó de una etapa marcada por posiciones ideológicas contra la minería formal, luego a conflictos con demandas económicas de comunidades, hasta llegar al escenario actual, donde actores vinculados a la minería informal e ilegal buscan controlar territorios y participar directamente de la renta minera.
“Creo que estamos viviendo un problema minero-comunal, donde muchas comunidades se han reconvertido a la minería informal o ilegal (…) Ya no solo protestan contra la minería; ahora quieren participar como actores directos del negocio minero”, señaló en el evento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
Corredores criminales
Arenas agregó que el Estado debe dejar de abordar la minería ilegal como conflictos aislados y empezar a enfrentarla como una red económica criminal organizada.
“Hay varios corredores económicos ilegales en el país y están conectados entre sí”, explicó y detalló que estas rutas unen actividades de minería ilegal, narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos en zonas como Marañón, Putumayo, Loreto, Cajamarca, Huánuco y Apurímac.
“Si no vemos esto como un corredor económico de minería ilegal y economía criminal, no vamos a atacar el problema de fondo”, remarcó.
Asimismo, el especialista puso como ejemplo el caso de Pataz, donde, a su juicio, las intervenciones focalizadas no serán suficientes, si no se entiende la conexión territorial y económica que existe con otras zonas del país.
Mitos y relatos
También advirtió sobre la influencia política que están ganando organizaciones vinculadas a la minería artesanal e informal, capaces de posicionar conceptos que luego terminan incorporándose en proyectos normativos y políticas públicas.
“Hay relatos que se construyen y luego terminan convirtiéndose en leyes o políticas públicas”, afirmó.
Entre ellos mencionó conceptos como “minería ancestral” o “concesiones ociosas”, los cuales, están siendo usados para cuestionar el sistema de concesiones mineras y la seguridad jurídica del país.
“No podemos tener una ley MAPE que ponga en tela de juicio las concesiones mineras, porque ese es uno de los pilares fundamentales de la minería peruana”, culminó.
Fuente: IIMP.