En el 2008, el mapa de la inversión minero energética en el Perú enfrentaba un desafío de tiempos. Mientras el superciclo de los metales, impulsado por la demanda de China, alentaba una nueva ola de inversiones, las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia de los proyectos exigían obras y servicios que el Estado aún no podía financiar. El marco legal establecía que el canon minero solo comenzaba a transferirse cuando la empresa iniciaba la producción y generaba utilidades, un proceso que podía tardar varios años.
Para reducir esa brecha y atender las necesidades más urgentes de las comunidades, el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo N.° 996. La norma creó los Fondos Sociales, un mecanismo destinado a canalizar recursos hacia las zonas de influencia directa de los proyectos antes del inicio de sus operaciones, con el objetivo de financiar infraestructura y programas de desarrollo.
Desde el punto de vista administrativo, el modelo representó una apuesta poco convencional. El Estado dispuso que parte de los recursos provenientes de los procesos de promoción de la inversión privada liderados por ProInversión no ingresaran a la caja fiscal ni siguieran los procedimientos tradicionales de inversión pública, que entonces podían retrasar durante años la ejecución de proyectos.
En su lugar, los recursos pasaron a ser administrados por asociaciones civiles sin fines de lucro. Esta figura permitió dotar a los fondos de mayor agilidad para contratar obras, adquirir equipamiento y ejecutar proyectos de infraestructura básica en agua, electrificación, salud y educación, bajo mecanismos de control notarial y auditorías privadas, además de la supervisión técnica del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Sin embargo, el principal desafío no estuvo únicamente en la ejecución de los recursos, sino en su gobernanza. La norma estableció consejos directivos integrados por representantes de los gobiernos locales, las comunidades campesinas y las empresas titulares de los proyectos: todos actores que tradicionalmente mantienen intereses distintos. Asimismo, fijó que el 85% de los recursos debía invertirse obligatoriamente en el área de influencia directa, con el propósito de garantizar que los beneficios llegaran efectivamente a las poblaciones más cercanas a las operaciones.
Casos concretos
Actualmente, operan en el Perú bajo este régimen ocho Fondos Sociales constituidos como asociaciones civiles: Fondo Social Alto Chicama (La Libertad), Fondo Social Las Bambas (Apurímac), Fondo Social La Granja (Cajamarca), Fondo Social Michiquillay (Cajamarca), Fondo Social Toromocho (Junín), Fondo Social Yuncán (Pasco), Fondo Social Magistral (Áncash) y Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar (Piura).
A lo largo de los años, estas organizaciones han ampliado su alcance más allá de la ejecución de infraestructura, incorporando iniciativas de desarrollo productivo, fortalecimiento institucional y educación, de acuerdo con las necesidades de cada territorio.
“Nosotros complementamos el rol del Estado, no lo sustituimos. Lo hacemos mediante intervenciones que promueven la sostenibilidad en la zona, como proyectos en agricultura, pesca y maricultura”, señaló hace unos meses a Desde Adentro Segundo Reusche, gerente general del Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar (Fospibay).
En sus 14 años de funcionamiento, el Fospibay ha recibido S/ 566.3 millones provenientes de los aportes de las empresas extractivas de fosfatos y calcáreos que operan en la provincia de Sechura, equivalentes al 3% de sus ventas anuales. El 80% de estos recursos se destina al fondo social. Compañía Minera Miski Mayo concentra el 97% de los aportes, mientras que Cementos Pacasmayo contribuye con el 1.5%. Estos recursos se traducen hoy en obras, oportunidades y una mejor calidad de vida para la población.
Otro ejemplo es el Fondo Social Alto Chicama. En junio, junto con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), organizó en Trujillo el conversatorio “Fondos Sociales y su aporte en el cierre de brechas”, un espacio destinado a intercambiar experiencias sobre el impacto de estos mecanismos en el desarrollo de las comunidades vinculadas a proyectos de inversión.
El evento reunió a representantes del Fondo Social Alto Chicama, el Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar (Fospibay), el Fondo Social Michiquillay y el Fondo Social La Granja, además de funcionarios del MINEM, quienes compartieron avances y desafíos en la gestión de proyectos sociales.
Según Hanssller Luis Cortez Ulloa, gerente de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama, entre 2009 y 2026 se ejecutaron 558 obras por más de S/ 867 millones. Asimismo, se financiaron 466 expedientes técnicos con una inversión superior a S/ 44 millones, impulsando proyectos en beneficio de miles de pobladores del ande liberteño.
Por su parte, el Fondo Social Las Bambas contó con S/ 210 millones asignados por el Estado tras el otorgamiento de la buena pro del proyecto en el concurso público internacional convocado por ProInversión. Administrado por un consejo directivo conformado por tres alcaldes distritales, dos alcaldes provinciales y dos representantes de Las Bambas, el fondo ha financiado proyectos de saneamiento, educación, transporte, infraestructura y desarrollo agrícola, entre otros.
En Cajamarca, el Fondo Social La Granja también ha ampliado su ámbito de acción hacia el fortalecimiento de capacidades. Recientemente, firmó un convenio de colaboración con Empresarios por la Educación para implementar el programa Escuelas Indagadoras La Granja, iniciativa que ya se desarrolla en 15 instituciones educativas de inicial y primaria de los centros poblados La Granja y Paraguay, en el distrito de Querocoto, provincia de Chota.
A casi dos décadas de la promulgación del Decreto Legislativo N.° 996, los Fondos Sociales se han consolidado como un mecanismo complementario para adelantar inversiones en las zonas de influencia de los grandes proyectos minero energéticos.
Su experiencia demuestra que una gestión con mayor flexibilidad administrativa puede acelerar la ejecución de obras y programas sociales, especialmente durante las primeras etapas de una inversión, cuando el canon aún no llega a los gobiernos subnacionales.
Hoy, este modelo ha evolucionado, abarcando desde el financiamiento de infraestructura básica hasta iniciativas de desarrollo productivo, fortalecimiento institucional y mejora de la educación. En ese sentido, la historia de los Fondos Sociales refleja que el valor de una inversión no solo se mide por su impacto económico, sino también por su capacidad para generar beneficios concretos y oportunos en las comunidades que conviven con los proyectos.