A pocos días de la asunción del nuevo gobierno, el director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Guillermo Shinno, sostuvo que una de las principales tareas que deberá asumir la nueva administración será poner fin al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y avanzar hacia un nuevo marco normativo que permita diferenciar a quienes realmente han avanzado en su proceso de formalización de quienes utilizan este mecanismo para operar al margen de la ley.
«Creo que debería terminar. Cuando entre el nuevo gobierno, le van a quedar apenas cinco meses. Espero que le dé tiempo para sacar una nueva ley y poder trabajar con aquellos mineros que han avanzado su proceso de formalización. Y el resto, lamentablemente, va a tener que esperar», señaló al IIMP.
En ese sentido, indicó que el próximo gobierno encontrará iniciativas legislativas ya presentadas sobre esta materia, las cuales deberán ser evaluadas para construir un nuevo esquema de formalización minera.
«Ya hay proyectos en línea en el Congreso, el nuevo gobierno tendrá que revisarlos y seguramente debe haber un periodo de transición», manifestó.
Tres prioridades para impulsar la minería
Más allá del proceso de formalización minera, Shinno afirmó que las expectativas sobre el próximo gobierno son altas y consideró que existen tres ejes prioritarios para impulsar el desarrollo del sector minero y atraer nuevas inversiones.
El primero, explicó, está relacionado con la optimización del sistema de permisos para reducir la burocracia. “Cómo hacer que los procesos de los permisos sean mucho más óptimos, sin relajar las revisiones técnicas», indicó.
Como segundo eje, mencionó la necesidad de asegurar que la población perciba de manera tangible los beneficios que genera la actividad minera. “Hoy día, a la gente no le llegan los beneficios y no es por culpa de la minería, sino por culpa principalmente de los gobiernos regionales, locales, parte del gobierno nacional. Ahí hay un tema por resolver para que se puedan construir carreteras, escuelas, hospitales y toda la infraestructura básica que requieren las comunidades cercanas a las operaciones mineras», explicó.
Finalmente, señaló que el combate a la minería ilegal debe convertirse en una prioridad para el Estado, acompañado de un proceso de formalización efectivo. “El proceso de formalización hay que trabajarlo adecuadamente para poder separar a quienes sí están interesados», concluyó.
Fuente: IIMP.