El gas natural es uno de los principales recursos energéticos del Perú. Su aprovechamiento contribuye a reducir los costos de energía y fortalecer la seguridad del suministro. Sin embargo, las regiones enfrentan mayores costos que la capital debido a la menor demanda y al rezago en infraestructura. En este contexto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó el estudio “Medidas para impulsar la competitividad a partir del uso eficiente de la matriz energética”, encargado por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).
El estudio se presentó durante un webinar que contó con la participación de Carlos Gallardo, gerente general del IPE; Erick García, experto en hidrocarburos y exdirector general del Ministerio de Energía y Minas; Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la SPH; e Iris Cárdenas, viceministra de Hidrocarburos. Además, el evento fue moderado por María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día 1 del diario El Comercio.
Gas natural: una masificación concentrada
El consumo de gas natural se concentra en Lima y Callao, que representa el 94% de la demanda nacional. La presencia de grandes usuarios, como las generadoras eléctricas, permite distribuir los costos de infraestructura entre un mayor volumen de consumo. Fuera de la capital, la menor demanda y la dispersión urbana dificultan alcanzar esa escala.
A ello se suma el rezago en infraestructura de transporte. El Perú cuenta con 1,558 km de ductos de transporte de gas natural, frente a una red cinco veces mayor en Colombia y diez veces mayor en Argentina. Solo Lima y Callao e Ica están conectadas directamente a esta red; en las concesiones Norte y Sur, el gas se traslada mediante camiones cisterna, lo que incorpora etapas adicionales de licuefacción y regasificación que elevan los costos del servicio.
Estas diferencias se reflejan en las tarifas para los usuarios. A fines de 2025, los comercios y pequeñas industrias de la concesión Sur pagaban 2.6 veces más que sus pares de Lima y Callao, mientras que los hogares en el Norte pagaban 22% más. Estos mayores costos dificultan la expansión del servicio fuera de Lima y Callao: el 57% de los hogares urbanos con acceso a electricidad en Lima y Callao tenía conexión a gas natural en 2025, frente a 44% en Ica, 16% en el Norte y apenas 2% en el Sur. Esta última se encuentra operada por Petroperú.
Menor exploración limita el potencial del recurso
Desde el desarrollo de Camisea no se han concretado nuevos proyectos gasíferos de gran escala y la inversión en exploración de hidrocarburos se redujo 94% en la última década respecto de la anterior. Desde 2021 se realizaron apenas tres perforaciones exploratorias.
Las reservas probadas acumulan nueve años de descenso y, manteniendo el ritmo actual de consumo y sin nuevas inversiones, representan alrededor de 14 años de producción. No obstante, el país tiene recursos que podrían ampliar este horizonte: la puesta en valor de los recursos contingentes 1C del Lote 58 permitiría llevarlo a aproximadamente 22 años.
Una agenda para aprovechar mejor la matriz energética
Patricia Figueroa resaltó que impulsar las inversiones del sector exige seguridad jurídica y que las municipalidades estandaricen sus procedimientos y eliminen barreras burocráticas. La viceministra Iris Cárdenas destacó que, si bien la ubicación de las reservas de gas plantea retos por su cercanía a áreas naturales y comunidades indígenas, la experiencia de Camisea evidencia que es posible aprovechar el potencial hidrocarburífero de manera sostenible.
Además, Erick García destacó el rol estratégico del gas natural. Señaló que su uso en generación eléctrica aporta confiabilidad y flexibilidad al sistema, mientras que una mayor generación en distintas zonas del país podría reducir la presión sobre la infraestructura de transmisión. También resaltó su potencial para el desarrollo de la petroquímica y la necesidad de desarrollar una política energética que articule los recursos disponibles y su potencial.
Finalmente, los panelistas coincidieron en la necesidad de reforzar la rectoría del MINEM y su capacidad para liderar la planificación energética. Para ello, García precisó la necesidad de actualizar la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Una mayor capacidad de planificación, señalaron, será clave para articular inversiones, infraestructura y regulación, y aprovechar de manera más eficiente los recursos energéticos del país.
Frente a estos desafíos, el IPE plantea cuatro líneas de acción:
- Igualación tarifaria temporal para la masificación del gas. El mecanismo debe alcanzar a todos los usuarios regulados y financiarse mediante recargos a las tarifas de transporte de Lima y Callao, evitando comprometer los recursos del FISE. Debe acompañarse con el impulso a nuevos centros de demanda fuera de Lima, lo que contribuirá a reducir costos de distribución y hacer viable la construcción de gasoductos.
- Reducir las barreras para ampliar las redes de distribución. Disminuir la discrecionalidad municipal, fortalecer la eliminación de barreras burocráticas y mejorar las capacidades municipales para elaborar y actualizar catastros urbanos.
- Reactivar la inversión en exploración de hidrocarburos. Se requiere un entorno contractual, fiscal y social favorable para las inversiones, modernizar el marco regulatorio y fortalecer la capacidad técnica, autonomía y gobernanza de Perúpetro y el MINEM.
- Fortalecer el sistema eléctrico. Acelerar la disponibilidad de gas para el Nodo Energético del Sur, promover inversiones en almacenamiento y reforzar la transmisión eléctrica.
Fuente: IPE.