Los números son contundentes: la economía de Apurímac no había experimentado, en toda su historia contemporánea, un impacto tan fuerte como el generado por el desarrollo de la inversión minera a gran escala.
En efecto, el departamento muestra cuánto puede cambiar una economía con inversión minera. Entre 2004 y 2025 su PBI se ha incrementado casi cinco veces, según datos del INEI. Además, fue la región que más creció en el país y también la que más ha mejorado en competitividad.
Impacto profundo
Actualmente, la extracción de minerales representa cerca del 60% del PBI de Apurímac. Y, según el Informe de Sostenibilidad 2025 de Las Bambas, la empresa dio empleo a 12,810 personas en Apurímac, de manera directa e indirecta.
Además, Ivo Zhao, presidente ejecutivo de MMG Limited, indicó a RPP en marzo del 2025 que los aportes fiscales de Las Bambas superaban los S/ 6,400 millones en impuestos y S/ 2,300 millones en regalías mineras.Como consecuencia de ello, los datos oficiales del INEI señalaban que la pobreza monetaria se había reducido de un 70% en el departamento en el 2004 al 20.8% en el 2025.
Como se observa en la infografía adjunta, el gran avance económico y social de la región se explica por la presencia de un solo megaproyecto. Pero quizá la mejor noticia es que el departamento cuenta con otros 12 proyectos mineros con diverso nivel de avance y que podrían ingresar a etapas de exploración y de explotación en los próximos años.
Desarrollar el potencial minero
La principal preocupación de los apurimeños debería ser ¿cómo hacer para que el éxito de Las Bambas se repita 12 veces?
Víctor Fuentes, gerente central de Economía del Instituto Peruano de Economía (IPE), responde que lo primero por hacer es reconocer que tener cobre bajo tierra no basta.
Esos proyectos tienen que explorarse, obtener permisos, construirse y entrar en operación. “En el Perú, ese recorrido toma en promedio 40 años, según estimaciones del IPE. Apurímac conoce bien esa espera”, indica.
Los retos
Fuentes señala que desde el IPE ven tres retos para aprovechar el potencial, la mayor parte en manos del Ejecutivo:
- Permisos. Deben tener plazos predecibles y esos plazos deben cumplirse. En 2024, la evaluación de los estudios de impacto ambiental tomó el triple del plazo legal. Es posible exigir estándares ambientales rigurosos sin que los proyectos esperen indefinidamente. La simplificación de trámites que plantea el Ejecutivo va en la dirección correcta, aunque su éxito se medirá por cuánto reduzca efectivamente los tiempos.
- Estabilidad de las reglas. Si desarrollar una mina toma décadas, reducir el plazo de las concesiones sería un error, más bien incluso se podría evaluar ampliarlo. La exploración es una actividad de alto riesgo: se pueden invertir recursos importantes sin encontrar un yacimiento rentable.
- Control del territorio. Las concesiones de Los Chancas y Haquira están invadidas por mineros ilegales. El Estado debe protegerlas y poner fin a las prórrogas del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Para eso hay que distinguir a quienes pueden formalizarse de quienes usan este mecanismo para eludir la ley.
Visto así, el reto para los apurimeños es conseguir que sus autoridades, desde el Gobierno Regional hasta los municipios, unan esfuerzos para conseguir que la maquinaria estatal avance y haga su trabajo.
Autoridades y servicios públicos
Pero también hay otras esferas de trabajo importantes para los gobiernos regionales que reciben recursos de la minería. “Apurímac muestra cuánto puede cambiar una economía con inversión minera. Entre 2004 y 2024 fue la región que más creció en el país y también es la región que más ha mejorado en competitividad, según el INCORE del IPE. Sin embargo, la calidad de los servicios públicos aún presenta enormes desafíos”, explica Fuentes.
En similar sentido, en la revista Mineral Economics de marzo de 2025 (The impact of Las Bambas megamine on development in Apurímac, Peru), los investigadores españoles Andoni Maiza y Gloria Claudio-Quiroga señalaban que, si bien la minería representa hasta el 60% del PBI regional, el empleo directo equivale solo al 3% del empleo total (7%, según el INEI), persistiendo el desafío de convertir la riqueza que genera en desarrollo sostenible y diversificado.
Fuentes agrega que hay más indicadores que son un reto:
- El 56% de los proyectos de inversión regionales y locales está abandonado o paralizado, frente a 44% en 2019.
- El 38% de las contrataciones son compras menores a 8 UIT, que no pasan por procesos de selección.
- Casi una cuarta parte del gasto en bienes, servicios y activos se concentra en diciembre.
- Solo el 14% de la población califica como buena la gestión de su gobierno regional.
“Culminar las obras iniciadas, planificar el gasto a lo largo del año y rendir cuentas sobre los avances deberían ser prioridades para las autoridades locales”, comenta.
Minería informal
A ello, el especialista del IPE, agrega la necesidad de no permitir el crecimiento de la minería informal. “El desarrollo también depende de que la inversión minera formal avance. Cuando una invasión frena un proyecto, la región deja de generar empleo, compras a proveedores y, más adelante, canon. La minería ilegal no reemplaza esos beneficios”, advierte.
El reto es enorme para las autoridades locales y nacionales y las empresas que tienen proyectos en la región, pero también lo es la recompensa de mejorar las condiciones de vida de los apurimeños.