El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), organismo público encargado de evaluar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los grandes proyectos de inversión, presentó su enfoque de Derechos Humanos en una reciente sesión del Comité de DD.HH. de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
Alberto Barandiarán, presidente ejecutivo del SENACE, explicó que hay tres Derechos Humanos que se encuentran involucrados en el proceso de certificación ambiental: el derecho al ambiente adecuado y equilibrado, derecho a la información y el derecho a la participación ciudadana con enfoque de interculturalidad y género.
El funcionario manifestó que el organismo hace operativa la protección y la promoción de los DD.HH. a través del proceso de participación ciudadana, la aplicación de las normas, lineamientos, guías y hojas de ruta, entre otras herramientas, puestas a disposición de la población.
“Se logra también a través de un proceso sólido de evaluación de los procesos ambientales. En este punto creemos que tenemos una serie de indicadores positivos, en la medida que las resoluciones que emite el SENACE no están siendo materia de judicialización y otros aspectos que podrían incidir en la calidad técnica de la evaluación”, advirtió.
Participación ciudadana y prevención de conflictos
En su exposición, Barandiarán se centró en la importancia de los mecanismos de participación y destacó el Procedimiento Único de Participación Ciudadana, aplicable a todos los sectores. “Estos mecanismos se realizan respetando y reconociendo las diferencias culturales, incluyendo pueblos indígenas y originarios en función de sus características geográficas, ambientales, socioeconómicas y lingüísticas”, declaró Barandiarán. Asimismo, agregó la importancia de que tengan un enfoque “de igualdad de hombres y mujeres en la participación”.
Precisó que entre el 2019 y 2022 hubo 150 talleres participativos, 64 audiencias públicas, 53 procesos de acompañamiento en la elaboración de estudios de línea base, y 53 avanzadas sociales, que se refiere al despliegue inicial de los evaluadores del SENACE en el área de influencia de un proyecto antes de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
En cuanto a la estrategia de prevención de conflictos sociales, Barandiarán refirió que el SENACE, además de realizar avanzadas sociales, realiza talleres participativos y audiencias públicas, así como visitas informativas y/o reuniones informativas (que pueden ser virtuales), además de buscar una coordinación interinstitucional. Desde el 2019 hubo 113 estrategias de prevención de conflictos que contaron con la participación de 2,553 personas.
Además de esto, Barandiarán comentó que han realizado capacitaciones en regiones a través del SENACE Macrorregional, junto a la Autoridad Nacional de Agua, el SERNANP y el SERFOR. De igual manera resaltó sus acciones de interculturalidad con pueblos indígenas y originarios a través de hojas de ruta, agendas multisectoriales, aulas de gestión social para el fortalecimiento de capacidades.
“El resultado es que a la fecha ningún EIA detallado evaluado por el SENACE se encuentra identificado en situación de conflicto, de acuerdo con el reporte de conflictos sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo”, concluyó el funcionario.