Días atrás la Comisión de Energía y Minas aprobó el dictamen que permitiría la quinta extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que, como ya sabemos, es usado también como “escudo” por los mineros ilegales para desarrollar sus ilícitas actividades en todo el territorio nacional y que, no ha servido como un instrumento real de formalización.
El dictamen aprobado que será puesto a consideración del Pleno está semana, lamentablemente, entre otras disposiciones cuestionables, también establece la suspensión temporal de los procedimientos administrativos de la exclusión del Reinfo hasta la entrada en vigencia de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) o la culminación del proceso de formalización minera integral. En suma, una fecha indefinida, porque como ha quedado evidenciado no existe el menor interés de aprobar una real ley MAPE y más bien se busca continuar en un proceso permanente de “formalización”.
La disposición complementaria final del dictamen causa alarma porque no solo se suspenden los procedimientos de exclusión en trámite, sino que también se impide iniciar nuevos trámites de exclusión, eliminando así la única herramienta con la que cuenta el Estado -en el marco del proceso de formalización- para hacer cumplir las normas ambientales, proteger el patrimonio cultural, resguardar la propiedad y evitar la invasión de concesiones mineras, entre otros supuestos.
Pretender legitimar actividades ilícitas impidiendo que el Estado ejerza su función de control, fiscalización y sanción frente a un incumplimiento normativo, es totalmente nocivo. Toda actividad debe ser oportunamente fiscalizada, más aun considerando los riesgos e impactos asociados a la actividad minera. El no permitir que se establezcan sanciones ante los incumplimientos legales es atentar contra la Constitución.
Según reportes del Ministerio de Energía y Minas apenas quedaban vigentes 22,935 Reinfos (a noviembre último), puesto que es claro que muchos de dichos Reinfos no se encuentran asociados a ninguna actividad minera, son duplicados o están en incumplimientos evidentes. Para continuar con el proceso de formalización se debe tener claridad de quienes tienen la vocación de ser formales y pueden llegar a serlo, de lo contrario se estaría convalidando actividades contrarias a la ley.
Esperamos que desde el Congreso de la República y el Gobierno Central se haga una reflexión profunda y se evite que se consuman los despropósitos que se plantean en el proyecto de ley, pensando en el desarrollo y la gobernabilidad del Perú.