La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa intervino en la concesión minera ‘La Fortuna II’, ubicada en el distrito de Quillo, sector Huanchuy, provincia de Yungay, departamento de Áncash, tras una denuncia por actividades de minería ilegal en la zona.
La diligencia fue dispuesta por la fiscal adjunta provincial Nataly Gonzales Pastor, mediante disposición fiscal de turno. El equipo constató la existencia de más de 12 socavones y campamentos mineros ilegales, corroborando información previa obtenida mediante consulta a la Dirección Regional de Energía y Minas de Áncash.
Durante la intervención, realizada de manera conjunta con personal policial de la Comisaría Sectorial de Casma, se verificó la extracción de mineral aparentemente aurífero, empleando el método conocido como ‘cateo’, así como el uso de explosivos. Asimismo, se intervino a Víctor Milla y Edgar Milla, quienes fueron encontrados transportando sacos con mineral a través de animales de carga (burros), sin acreditar autorización, título habilitante ni instrumento de gestión ambiental alguno.
Equipo incautado
Como resultado de la diligencia, se incautó 79 sacos con mineral aparentemente aurífero, cinco grupos electrógenos, diversas herramientas utilizadas para la actividad minera, campamentos rústicos, 10 animales de carga (burros) y 15 explosivos y fulminantes operativos.
De conformidad con el Decreto Legislativo 1100, se procedió con la interdicción de los socavones, destrucción de los sacos con mineral y a la inoperatividad de los equipos, debido a la imposibilidad de traslado por la zona y limitaciones logísticas.
El caso se encuentra en etapa de investigación preliminar, por el presunto delito de minería ilegal, tipificado en el artículo 307-A del Código Penal, con un plazo de 60 días, durante los cuales se tomará declaraciones y se efectuará los informes técnicos correspondientes.
Con estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera firme y articulada en la lucha contra la minería ilegal, y en defensa de la legalidad y el bienestar de la población.
Fuente: Gob.pe