En un año electoral marcado por la incertidumbre política y el avance de la minería ilegal, Jimena Sologuren, directora del del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), planteó una hoja de ruta clara para asegurar la viabilidad de la minería formal en el Perú, restablecer el principio de autoridad como condición indispensable para la inversión, la competitividad y el desarrollo sostenible.
Sologuren sostuvo que el próximo gobierno deberá priorizar el orden territorial, la estabilidad normativa y la coherencia institucional como bases para reconstruir la confianza en el sector.
“El próximo gobierno debe restablecer el principio de autoridad mediante orden territorial, estabilidad normativa y coherencia institucional, condiciones para la viabilidad y competitividad de la minería formal”, afirmó la ejecutiva en entrevista con la Revista Cosas.
Con una cartera de proyectos superior a los US$63,000 millones, el Perú mantiene un enorme potencial geológico. Sin embargo, según Sologuren, la ejecución efectiva de estas inversiones depende de reglas claras y seguridad jurídica. En un contexto de alta demanda global de cobre y minerales estratégicos, la incertidumbre podría desviar capitales hacia otros destinos más estables.
La subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Compañía Minera Poderosa remarcó que recuperar la autoridad en el territorio es clave frente al avance de la minería ilegal, que no solo afecta operaciones formales y el medio ambiente, sino que también se vincula con redes criminales. Para ello, propuso una estrategia integral que combine inteligencia, control de insumos, presencia policial sostenida y coordinación con el sistema de justicia.
Formalización sin atajos
Respecto al proceso de formalización minera, Sologuren advirtió que la prolongación de mecanismos transitorios como el REINFO ha debilitado la credibilidad del sistema. Consideró necesario establecer metas claras, plazos definitivos y supervisión efectiva, diferenciando con claridad a quienes cumplen la ley de quienes operan al margen de ella.
En esa línea, destacó la importancia de una nueva Ley MAPE que establezca criterios técnicos precisos, refuerce la trazabilidad obligatoria de minerales e insumos y fortalezca la fiscalización, asegurando sostenibilidad ambiental y empleo digno.
Más allá del debate regulatorio, Sologuren enfatizó que la minería formal puede ser un pilar en la reconstrucción económica y social del país. Bajo un marco de institucionalidad sólida, el sector tiene la capacidad de generar recursos fiscales para cerrar brechas sociales, siempre que el Estado acelere el gasto público de manera responsable y garantice que los tributos mineros se traduzcan en infraestructura y servicios básicos.
“La minería puede consolidarse como pieza clave de un Perú más seguro, próspero e inclusivo”, concluyó.
Fuente: IIMP.