La Defensoría del Pueblo comunica que continuará con el desarrollo de supervisiones multisectoriales que viene promoviendo en la región, con el objetivo de identificar posibles irregularidades en la comercialización de combustibles —como eventuales prácticas de especulación, acaparamiento o concertación de precios— tras las recientes medidas de protestas adoptadas por un sector de transportistas frente al alza de precios en los principales grifos de la ciudad de Pucallpa.
Cabe señalar que una de las últimas medidas de protesta se registró el pasado miércoles, cuando un sector de transportistas realizó un plantón en el distrito de Callería, solicitando la reducción del precio de los combustibles, el adecuado abastecimiento en los grifos y el incremento de las acciones de fiscalización.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo coordinó la ejecución de supervisiones interinstitucionales en diversos grifos de la ciudad, con la participación de la Fiscalía de Prevención del Delito del Ministerio Público, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Durante lo días 18 y 19 de marzo, la sede defensorial participó en estas acciones conjuntas, que comprendieron la supervisión de seis estaciones de venta de combustible ubicadas en los distritos de Callería y Yarinacocha. En dichas intervenciones se verificó, además, la disponibilidad de combustible y la consistencia de la información reportada en los sistemas de control y supervisión.
Asimismo, se supervisó que los precios exhibidos en los establecimientos coincidan con los reportados en la aplicación “Facilito” de Osinergmin, así como la adecuada exhibición de precios, la disponibilidad del libro de reclamaciones y la emisión de comprobantes de pago.
Si bien las supervisiones continuarán en los próximos días, ante la posibilidad de nuevas acciones de protesta, resulta necesario mantener activos los mecanismos de diálogo, así como fortalecer las estrategias de prevención, alerta temprana y gestión oportuna de posibles escenarios de conflictividad social.
De otro lado, en el marco de estas acciones, la Defensoría del Pueblo sostuvo una reunión con representantes de Petroperú en la planta de Ucayali, quienes informaron que la región se encuentra abastecida de combustible y que el incremento de precios responde a una variación a nivel nacional, conforme a su lista oficial.
La Defensoría del Pueblo continuará vigilante y articulando acciones con las instituciones competentes, a fin de contribuir a la transparencia en la comercialización de combustibles y la protección de los derechos de la ciudadanía.
Fuente: Defensoría del Pueblo.