La aprobación de una propuesta para modificar el régimen de concesiones mineras en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República ha encendido las alertas en el sector minero. En un contexto en el que el Perú compite por atraer inversiones en exploración y el desarrollo de nuevos proyectos, cualquier cambio en las reglas de juego genera inquietud por el impacto que podría tener en la competitividad, la seguridad jurídica y la sostenibilidad de la actividad minera.
Desde Adentro conversó con cinco personalidades, entre empresarios y especialistas, quienes opinan sobre los efectos de esta propuesta y lo que está en juego para el futuro de la minería peruana. A todos les preguntamos ¿qué efectos tendría la medida propuesta y aprobada, por la comisión de Energía y Minas del Congreso?
Óscar Zapata, presidente de Perucámaras: “Retroceso jurídico y económico”
La modificación del régimen de concesiones mineras propuesta por la Comisión de Energía y Minas del Congreso representa un retroceso jurídico y económico con efectos de gran alcance para el sector minero.
Asimismo, los cambios planteados en los plazos de concesión generan un impacto directo en la viabilidad de los proyectos. Actualmente, se permite hasta 30 años para desarrollar un proyecto minero, caso contrario se pierde la concesión otorgada. Pero, únicamente los trámites estatales pueden tomar más de una década. En ese contexto, reducir este plazo a 15 años resulta inviable.
Las concesiones mineras no son simples autorizaciones, sino activos intangibles reconocidos en los registros contables de las empresas, que constituyen la base de la planificación de largo plazo y del valor económico de los proyectos. Alterar su naturaleza debilita la seguridad jurídica del sistema, afecta la confianza de los inversionistas y reduce la competitividad del Perú frente a otras jurisdicciones mineras.
Asimismo, los cambios planteados en los plazos de concesión generan un impacto directo en la viabilidad de los proyectos. Actualmente, se permite hasta 30 años para desarrollar un proyecto minero, caso contrario se pierde la concesión otorgada. Pero, únicamente los trámites estatales pueden tomar más de una década. En ese contexto, reducir este plazo a 15 años resulta inviable.
Esta medida afecta directamente la generación de empleo formal y el desarrollo de las economías locales, que dependen del dinamismo de la actividad minera. En ausencia de reglas claras y predecibles, se incrementa la incertidumbre regulatoria y se debilita la estabilidad necesaria para las inversiones de largo plazo.
En este sentido, cualquier modificación al régimen de concesiones debe respetar la seguridad jurídica, la estabilidad del marco normativo y la naturaleza de los compromisos asumidos con el Estado, a fin de no afectar la confianza en el país ni su capacidad de atraer inversión minera sostenible.
María Alejandra Ormeño, jefe de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía: “Facilita el avance de la minería ilegal”
De aprobarse esta medida, la minería enfrentaría dos impactos principales. El primero sería un mayor desincentivo para la inversión formal. Reducir de 30 a 15 años el plazo de poner a cabo una operación no se ajusta a los tiempos reales que requiere desarrollar un proyecto minero.
En el Perú un proyecto tarda en promedio 40 años entre la exploración y el inicio de la producción, y en cobre el promedio llega a más de 60 años. Casos como Cerro Verde, Antamina y Quellaveco demoraron 60, 76 y 83 años, respectivamente, para entrar en operación.
Además, el 60% del tiempo de desarrollo se concentra en la etapa de exploración, que depende de permisos ambientales y procesos sociales. Solo en el 2024, la aprobación de estudios de impacto ambiental tomó en promedio tres veces más que el plazo legal de 120 días hábiles. En ese contexto, acortar el plazo de la vigencia de una concesión sin desarrollarse no acelera la inversión, sino que aumenta la incertidumbre y reduce el atractivo del país para proyectos de largo plazo.
El segundo impacto sería facilitar el avance de la minería ilegal. La inseguridad ya es uno de los principales frenos a la inversión: según el Instituto Fraser, al 2025, el 64% de las empresas vinculadas al sector minero consideró que la inseguridad desincentiva invertir en el Perú, frente a 27% en Chile. A la vez, las denuncias por minería ilegal en el Ministerio Público pasaron de alrededor de 1,200 en el 2021 a más de 2,600 en el 2025. Debilitar la seguridad jurídica de las concesiones en este contexto podría dejar más áreas expuestas a invasiones y ocupación ilegal.
Actualmente, proyectos como Michiquillay, Conga, Los Chancas y Haquira, que en conjunto representan cerca de US$ 12 mil millones en inversiones, enfrentan invasiones en sus áreas concesionadas.
César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal: “Empodera a los ilegales”
La invención de las “concesiones ociosas” proviene de los mineros informales e ilegales y de sus asesores, y tiene y tendrá efectos adversos sobre la actividad minera pues, nuevamente, generará inestabilidad y restará competitividad al Perú, debido a que la inversión minera no toma 10 o 15 años, sino que son proyectos de largo plazo, más aún cuando en la región, el Peru tiene altos costos para mantener una concesión.
Pero, ¿que significará en el contexto de los avances y cumplimientos ambientales y sociales? En el proceso de evaluación de impacto ambiental, ante la “premura” por ponerse en marcha, pone en riesgo evaluaciones serias, que eviten el impacto y la afectación a derechos fundamentales, más aún cuando estas deben realizarse en distintas épocas, y con diversos actores en el territorio.
Las medidas de dialogo social con las comunidades podrían verse nuevamente afectada, pues se requerirá “correr” para cumplir con los tiempos ahora mucho más reducidos, lo que nuevamente podría ser foco de conflictos sociales.
Otro tema serio es que las concesiones de la minería formal grande, mediana y pequeña enfrentaran conflictos producto de nuevas invasiones de mineros informales e ilegales, que impedirán que avance de los proyectos mineros. Ello, una vez instalados, seguramente impedirán el desarrollo de los proyectos, lo que conllevará a un incumplimiento de los plazos. Curiosamente, los informales e ilegales son respaldados por esta norma, y, obviamente, no pagaran ni derechos de vigencia ni regalías al Estado. Por ende, la situación será más compleja, sobre todo porque esta iniciativa empodera a los ilegales, que utilizan la excusa del derecho al trabajo para algo que no está dentro del derecho.
Franco Olcese, Fundador del Centro Wiñaq: “Señal preocupante a los inversionistas”
Reducir de manera sustantiva los plazos para poner en operación las concesiones mineras puede comprometer seriamente el futuro del sector formal. En un país como el Perú, donde los procesos administrativos son complejos y prolongados, iniciar un proyecto implica enfrentar una alta incertidumbre respecto a la obtención de permisos y a la construcción de acuerdos sociales indispensables para su viabilidad.
En ese contexto, el inversionista asume el riesgo de embarcarse en un proyecto que, ante cualquier imprevisto, podría no llegar a concretarse dentro de los plazos establecidos, poniendo en peligro la recuperación de su inversión. Con ese nivel de riesgo, resulta difícil generar condiciones que incentiven nuevas inversiones en el sector y el futuro del sector se ve comprometido.
En segundo lugar, modificar un aspecto tan sustancial como el régimen de concesiones envía una señal preocupante a los inversionistas sobre la estabilidad de las reglas de juego en el Perú. Este tipo de cambios abre la puerta a la incertidumbre respecto a qué otras condiciones podrían alterarse en el futuro, elevando el riesgo percibido y, por tanto, reduciendo el atractivo del país como destino de inversión.
En un contexto internacional donde los países —especialmente en América Latina— compiten activamente por captar inversión minera, ofreciendo marcos predecibles y favorables, el Perú correría el riesgo de quedar rezagado.
Bajo estas condiciones, es probable que los capitales se redirijan hacia otros mercados, afectando directamente la cartera de proyectos futuros y el desarrollo del sector en el mediano y largo plazo.
Arturo Vásquez Cordano, director de Investigación de Gěrens: “Efecto crítico sobre la competitividad”
La aprobación de esta medida generará, en primer lugar, un deterioro significativo en la inversión minera y en la exploración, al alterar la naturaleza económica de las concesiones como derechos de opción sobre recursos minerales inciertos de alto riesgo geológico.
Al imponer plazos rígidos de producción y sanciones crecientes por “inactividad”, el proyecto de ley penalizará la fase de exploración —que es intensiva en riesgo y de maduración lenta—, reduciendo los incentivos para invertir en nuevos descubrimientos. En consecuencia, la aprobación de la norma contraerá el pipeline de proyectos mineros futuros, afectando la sostenibilidad de la producción minera del país en el mediano y largo plazo. Este efecto es particularmente crítico en un contexto global donde la competitividad por atraer capital exploratorio es alta y países comparables ofrecen marcos regulatorios más estables.
En segundo lugar, la norma introduciría un incremento sustancial del riesgo regulatorio y de la incertidumbre jurídica, afectando directamente el costo de capital de las empresas mineras.
Esto se traduciría en una mayor prima de riesgo país para el sector, elevando la tasa costo de oportunidad (WACC) de los proyectos mineros en el Perú y reduciendo su valor económico. En la práctica, incluso proyectos técnicamente viables podrían volverse financieramente inviables, generando postergaciones, arbitrajes y una menor participación de inversionistas internacionales.
Un tercer impacto relevante de la norma será el deterioro de la recaudación fiscal y de los encadenamientos productivos asociados a la minería, como consecuencia de la menor inversión y de la paralización de proyectos en etapas tempranas. La minería formal no solo aporta ingresos fiscales directos a través de impuestos y regalías, sino que también dinamiza economías regionales mediante empleo formal, demanda de bienes y servicios, e inversión en infraestructura, afectando la sostenibilidad de las finanzas públicas y limitando la capacidad del Estado para financiar políticas sociales.
Finalmente, la aprobación del proyecto de ley provocará una asignación ineficiente de los recursos mineros y una potencial recentralización estatal de su gestión, debilitando los mecanismos de mercado que actualmente permiten transferir concesiones hacia operadores más eficientes. Lejos de resolver la informalidad minera, esta política podría incluso exacerbarla. El resultado agregado sería una caída en la productividad del sector, menor recaudación fiscal, menor distribución del canon minero y una pérdida de competitividad de la minería peruana a nivel global.