El impacto de la minería en el Perú como motor de la economía peruana es evidente. Solo en el 2025, concentró el 66% de las exportaciones, contribuyó con casi el 15% de la recaudación fiscal y aportó el 8.5% del PBI. Eso, sin contar su efecto multiplicador de generador de empleo e inversión privada.
No obstante, hoy el rol del sector ha ido evolucionando y su impacto ya no se limita exclusivamente al campo del empleo, exportaciones o recaudación fiscal, sino que se centra cada vez más en su capacidad para impulsar crecimiento en los territorios donde opera. Además, adopta el desarrollo territorial, un proceso —definido por la CEPAL— de construcción social del entorno, impulsado por la interacción entre las características geofísicas, las iniciativas individuales y colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio.
EL ARRAIGO TERRITORIAL Y LA CONFIANZA
Para Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y coautora del libro Desarrollo territorial y minería, desarrollo territorial implica que las operaciones mineras sean parte del territorio, pero muchas veces esto no sucede. “Una empresa que sabe que va a quedarse muchos años en un territorio y que depende de que las condiciones sean favorables para desarrollar sus operaciones, tiene el desafío de integrarse al territorio y de ser un agente de cambio en él”, comenta la académica.
Para la economista, el punto de partida es claro: la minería debe dejar de actuar como un “actor extraterritorial” para convertirse en un verdadero actor del territorio. Esto implica no solo ejecutar proyectos o transferir recursos, sino integrarse a la dinámica local y asumir un compromiso de largo plazo.
En ese sentido, Gonzalo Quijandría, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Minsur, señala que la minería puede actuar como un catalizador del desarrollo territorial, no solo por los recursos que genera —canon y regalías—, sino por su capacidad para atraer al Estado y otros actores hacia zonas históricamente desatendidas. “Las propias comunidades son quienes saben cuáles son las rutas de desarrollo. Por ello, lo más importante es generar una relación de confianza con líderes locales. Esto es parte del trabajo de la compañía, construir confianza desde cero, porque los operadores mineros somos los que llegamos a la zona, no los habitantes originarios. Con esa confianza es posible contar con actores que permitan catalizar todas estas opciones de desarrollo y llevarlas a la mesa, de lo contrario, no se va a lograr mucho”, afirma el ejecutivo.
Claudio Cáceres, vicepresidente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Minera Las Bambas, subraya que el mayor riesgo es la ausencia de una visión compartida de desarrollo. “Cuando las expectativas superan la capacidad de respuesta, se genera frustración, desconfianza y conflictividad. Eso implica integrarnos con una mirada de largo plazo: trabajar de manera articulada con el Estado, construir relaciones de confianza con las comunidades e incorporarlas progresivamente a la dinámica económica de la operación minera”, apunta Cáceres.
Es así que Las Bambas, a través del modelo Corazón de Las Bambas ha logrado que la gestión social deje de ser un área para convertirse en una forma y enfoque de operar. “Hoy entendemos que es responsabilidad compartida por todas las áreas de la empresa, y que solo así podemos generar valor compartido de manera sostenible”, señala el representante de la minera.
IMPACTOS TANGIBLES
¿Pero, cómo puede el desarrollo territorial cerrar brechas en diversos indicadores sociales? “La clave es, primero, una definición de las prioridades del territorio consensuada con todos los actores. El rol de la empresa no es solo ofrecer recursos, sino también capital social, económico y relacional. Puede convocar a sus equipos técnicos para ayudar a cerrar brechas, y es ahí donde radica el poder de la mina, en su capacidad movilizadora, no solo de sus recursos financieros, sino también humanos y relacionales para contribuir a atender esa prioridad que ha identificado el territorio”, indica Carolina Trivelli.
La contribución se da en distintos niveles, siempre en articulación con el Estado. “Un ejemplo claro es el mecanismo de Obras por Impuestos, que permite acelerar la ejecución de infraestructura estratégica con altos estándares de calidad. En el caso de Las Bambas, proyectos como el puente Kutuctay han mejorado la conectividad entre regiones (Apurímac y Cusco), facilitando el acceso a servicios, mercados y nuevas oportunidades de desarrollo”, refiere Claudio Cáceres.
Otro campo que Las Bambas ha explorado es el desarrollo económico local a través de su cadena de valor. Así, entre 2016 y 2026, la compañía ha ejecutado alrededor de US$ 1,700 millones en compras anuales, involucrando proveedores locales, nacionales e internacionales.
Desde Minsur, Gonzalo Quijandría explica que implementan planes de desarrollo territorial concertado para que las autoridades tengan una visión de cuáles son las brechas por cerrar e identificar qué corresponde hacer al gobierno central, a la comunidad y a la empresa para alcanzar ese desarrollo común.
“En Puno, por ejemplo, priorizamos la salud. Hemos rehabilitado y equipado postas médicas. Ese foco en salud ha ido también acompañado en la atención de primera infancia,
donde tenemos el proyecto
Volar y atendemos a grupos de madres para la capacitación
en primera infancia”, acota Quijandría.
EL ESTADO, PIEZA CLAVE
Los especialistas consultados para este informe coinciden en que el Estado es el actor clave en todo proceso de desarrollo territorial.
En este esquema, la minería no reemplaza al Estado, pero sí puede potenciar su acción. “Su presencia temprana y sostenida es clave para cerrar brechas estructurales y generar condiciones habilitantes para el desarrollo. Cuando el Estado articula de manera efectiva con la empresa y las comunidades, se facilita la construcción de una visión compartida y el avance ordenado en el territorio. La articulación público-privada no busca reemplazar roles, sino complementarlos. Mecanismos como Obras por Impuestos demuestran cómo sumar capacidades para generar impacto de forma más eficiente y sostenible” apunta Cáceres.
“El rol del Estado es fundamental en todos sus estamentos. Por ejemplo, hemos trabajado muy bien con el Gobierno regional de Puno, Nos presentaron su visión de desarrollo enmarcada en la necesidad de mejorar la infraestructura de salud, algo que fue evidente durante la pandemia. El gobernador anunció un plan de mejora de puestos de salud y hospitales y en esa interacción nos encargamos de la zona de Azángaro, donde estamos construyendo el hospital regional a través del mecanismo de Obras por Impuestos”, detalla Quijandría.
El desafío, como coincidieron los especialistas consultados, es claro: hacer minería que no solo genere valor económico, sino que contribuya de manera efectiva al desarrollo sostenible de los territorios donde opera.