El Perú tiene a su alcance una oportunidad histórica para convertir la transición energética global en una fuente de inversión y crecimiento económico, pero sin institucionalidad, infraestructura y competitividad, dijo Myriam Akhoun, consejera delegada (CEO) de ENGIE Energía Perú, corremos el riesgo de perderla. Para la ejecutiva, el principal desafío del país consiste en dejar atrás una gestión centrada en responder a las urgencias coyunturales y avanzar hacia una planificación de largo plazo.
El contexto internacional favorece al país debido al aumento sostenido de la demanda de minerales críticos, especialmente cobre. “Lo que sabemos es que la demanda para minerales críticos, como el cobre, nunca ha sido tan alta y sigue creciendo con la transición energética. Los precios tampoco nunca han sido tan elevados. Eso es una oportunidad concreta para el Perú”, señaló la ejecutiva en el PERÚ ENERGÍA 2026, el foro más importante del sector.
En el Perú, la minería representa aproximadamente el 10% del Producto Bruto Interno (PBI), cerca del 60% de las exportaciones y alrededor de un tercio del consumo de electricidad del país. Sin embargo, este escenario favorable no se traducirá automáticamente en crecimiento si no se crean las condiciones adecuadas para atraer y sostener inversiones de largo plazo.
Akhoun identificó la institucionalidad como la primera prioridad macro dado que los proyectos de inversión, tanto mineros como energéticos, requieren reglas claras, previsibilidad y estabilidad regulatoria. “Cada proyecto de inversión necesita una visión de largo plazo y un marco regulatorio claro y sostenible”, afirmó.
La ejecutiva de la energética global de capitales franceses existe una desconexión entre los largos periodos de desarrollo de los proyectos y la alta rotación política observada en los últimos años, con algunos proyectos renovables tardando alrededor de diez años entre su concepción y entrada en operación.
Como segundo eje prioritario, la CEO de ENGIE Energía Perú destacó la necesidad de fortalecer la infraestructura energética para garantizar la seguridad del suministro y sostener nuevas inversiones.
Akhoun recordó los efectos de la interrupción del suministro de gas registrada en marzo, situación que, según indicó, generó un impacto económico equivalente a aproximadamente 0,5% del PBI anual. “Eso muestra que una infraestructura resiliente es absolutamente clave para permitir un suministro confiable de energía”, sostuvo.
La ejecutiva señaló que la competitividad constituye el tercer componente esencial de la agenda energética y el sector privado puede contribuir mediante el desarrollo de nuevos proyectos renovables y la diversificación de la matriz energética, pero advirtió que dichos esfuerzos deben estar acompañados por inversiones en infraestructura que eviten incrementos en los costos para los usuarios finales.
LUZ DEL SUR
La predictibilidad regulatoria y el fortalecimiento de las instituciones deben convertirse en las principales prioridades del próximo gobierno para atraer inversiones y mejorar la calidad del servicio eléctrico en el país, subrayó Mario Gonzales, gerente general de Luz del Sur. El ejecutivo señaló que la estabilidad de las reglas de juego es una condición indispensable para que las empresas decidan invertir y desarrollar proyectos de largo plazo.
“Nadie invierte si no tiene un futuro predecible. Nadie puede tener predictibilidad en un lugar donde cambian las autoridades seis, diez o veinte veces en un año, o donde las reglas que funcionaban el año pasado cambian completamente al siguiente”, afirmó.
Según Gonzales, la falta de estabilidad genera mayores riesgos para los inversionistas, lo que puede traducirse en menores inversiones o en mayores costos para los usuarios finales. “Si tú no tienes seguridad, tienes mayor riesgo. Si tienes mayor riesgo, tienes dos opciones: inviertes o no inviertes. Si inviertes, le subes el precio”, señaló.
El gerente general de Luz del Sur destacó que la necesidad de generar nuevas inversiones no responde únicamente a intereses empresariales, sino a la mejora de la calidad del servicio que reciben los usuarios.
“¿Por qué una empresa tiene que invertir más? ¿Para ganar más dinero? No. La empresa tiene que invertir más para dar mejor servicio”, enfatizó.
En ese sentido, consideró que las políticas públicas deben orientarse a alcanzar objetivos concretos y medibles, como reducir los tiempos y la frecuencia de interrupciones del suministro, disminuir las pérdidas de energía y elevar los estándares de atención al cliente.
Gonzales sostuvo, además, que el esquema de remuneración de las empresas distribuidoras, basado en modelos de costos eficientes implementados hace más de tres décadas, requiere una modernización para responder a los desafíos actuales del sector.
“El modelo cumplió su labor, pero seguimos con el mismo esquema después de más de 30 años y no se ha cambiado radicalmente”, afirmó. A su juicio, la regulación actual está excesivamente enfocada en reducir costos para las distribuidoras, cuando el objetivo debería ser incentivar la incorporación de nuevas tecnologías y mejoras operativas.
Gonzales también expresó su preocupación por la pérdida de capacidades técnicas en las instituciones como consecuencia de los constantes cambios de autoridades registrados en los últimos años. “Necesitamos recobrar la institucionalidad. Tenemos que tener organizaciones que sean técnicas”, sostuvo.
PLUZ PERÚ
El Perú atraviesa una coyuntura excepcional para impulsar su crecimiento económico gracias al auge de la transición energética global y al incremento sostenido de la demanda de cobre —sintetizó sostuvo Walter Sciutto, CEO de Pluz Perú—, pero para aprovechar plenamente esta oportunidad será necesario avanzar en una agenda que priorice la seguridad regulatoria, la institucionalidad y la simplificación administrativa. El ejecutivo afirmó que la resiliencia, la confiabilidad, la seguridad del suministro y la eficiencia deben convertirse en los pilares de una planificación energética de largo plazo.
“Sin un sistema sólido de planificación energética no hay crecimiento económico ni desarrollo sostenible”, señaló.
Sciutto advirtió que el sistema eléctrico deberá prepararse para enfrentar nuevas presiones sobre la demanda derivadas del crecimiento de los centros de procesamiento de datos vinculados a la inteligencia artificial, la expansión de la movilidad eléctrica y las mayores necesidades energéticas asociadas a la transición energética global.
El CEO de Pluz Perú destacó que el contexto internacional abre una ventana de oportunidad sin precedentes para el país debido a su posición como uno de los principales productores mundiales de cobre.
La electrificación de la economía global, el desarrollo de baterías, los vehículos eléctricos y la expansión de la infraestructura tecnológica seguirán impulsando una fuerte demanda por este mineral durante los próximos años.
“La transición energética requiere más cobre y eso hace que este ciclo de precios altos no sea un fenómeno aislado, sino una tendencia que puede mantenerse durante 10 o 15 años”, afirmó.
Sciutto coincidió con otros representantes del sector en que la principal condición para movilizar nuevas inversiones es garantizar previsibilidad y estabilidad regulatoria. “No puede ser que cambiemos de criterio sistemáticamente o que distintas áreas del Estado generen requerimientos regulatorios distintos para una misma actividad”, recalcó.
A su entender, la incertidumbre regulatoria afecta especialmente a un sector que requiere inversiones de gran magnitud cuyos retornos se obtienen en horizontes de largo plazo.
El ejecutivo también cuestionó la aplicación del actual esquema regulatorio para las empresas distribuidoras, señalando que la normativa vigente no estaría considerando adecuadamente las particularidades operativas de cada compañía. “Hoy se aplican criterios uniformes para realidades muy distintas, cuando cada empresa enfrenta costos y desafíos diferentes”, indicó.
Con todo, un asunto que requiere una urgente atención, dijo el ejecutivo, es la simplificación de los procedimientos administrativos vinculados a la ejecución de proyectos energéticos. Los tiempos para obtener permisos y autorizaciones se han incrementado significativamente debido a la participación de múltiples entidades públicas y a la creciente carga burocrática.
“Para construir una central eléctrica, una línea de transmisión o una subestación pueden pasar cuatro o cinco años antes de colocar el primer ladrillo”, afirmó.
Sciutto comparó esa situación con otros proyectos de infraestructura urbana, donde las obras suelen iniciarse poco tiempo después de obtener las licencias correspondientes.
Frente a este escenario, propuso la implementación de una ventanilla única que concentre los trámites requeridos por las distintas entidades involucradas en la aprobación de proyectos.
“Hoy intervienen numerosas autoridades y muchas veces los procedimientos no tienen plazos claros. Eso retrasa inversiones que son necesarias para evitar congestiones en el sistema y atender la creciente demanda de energía”, sostuvo.
Fuente: Perú Energía.