La rentabilidad social es lo primero que les interesa a las empresas porque quieren tener éxito en un entorno igualmente exitoso, afirma Jorge Melo Vega, presidente de la consultora Responde y experto en temas de Sostenibilidad y Empresas, y Derechos Humanos, en esta entrevista a Desde Adentro. Conversamos con él sobre esta idea y el quehacer de las empresas frente a un nuevo Gobierno.
¿Qué consecuencias puede tener “la rentabilidad social” para el ejercicio de las actividades extractivas?
Cuando entró Ollanta Humala en el 2011 planteó algo parecido, insistiendo en que las empresas —por responsabilidad social— debían encargarse de aspectos sociales y del entorno, e incluso modificó los tributos mineros. ¿Qué hay detrás de este concepto? Si hay un sector líder en una gestión ESG (en inglés Environmental, social and governance) —que antes llamado responsabilidad social y que migró a una lógica de sostenibilidad— ese es el de las mineras. Y eso responde a una frase muy típica del mundo de la responsabilidad social que señala que no puede haber empresas exitosas en entornos que fracasen.
Entonces ¿cuál es el problema práctico de este concepto en un país como el Perú?
Que el Estado no está presente en el espacio territorial y tiene dificultades en sus procesos de regionalización y descentralización. Lo he vivido cuando trabajaba en telecomunicaciones: la primera presencia del Estado a nivel nacional en muchos espacios rurales fue la instalación de un teléfono público donde no había nada. La empresa tenía que poner la energía y buscar una bodega donde poner el teléfono. El Estado le dijo: tú, llega en mi nombre y vas a cubrir ese espacio territorial y vas a instalar un teléfono. En nuestro modelo, el Estado concesiona a las empresas para que obtengan su “licencia social” allí donde Estado nunca ha tenido presencia y la empresa sale en busca de esa “licencia social”. Pero, —y esto nos lleva a un tema histórico— la empresa no puede ni debe sustituir al Estado, pero la regulación le dice “ve tú por delante que ya, luego, voy yo”.
¿Cuál sería el rol que el Estado no está cumpliendo?
El Estado es indispensable que cumpla sus tareas mediante la policía, el fiscal, el comisario, el maestro, el alcalde, el gobierno regional y el gobierno nacional. Y que sea un Estado promotor. Ante el interés de un inversionista privado que generará empleo y desarrollo en la región, debería preguntarse: “¿Cómo colaboro para que realices tu actividad?” Y poner el puerto, las carreteras o el tren, para que saques tus productos hacia el mercado local y el exterior.
¿Qué problemas genera este modelo a largo plazo?
El Estado puede destinar los recursos que genera la minería para darle a la comunidad la carretera, la educación, la salud, la energía y lo que necesite o, caso contrario, puede darle a cada uno un bono en dinero. Lo segundo es un modelo no sostenible, porque genera dependencia. Cuando empieza a operar una empresa minera, destina millones a las compras locales, a los alojamientos de sus trabajadores, a los proveedores. Cuando se termina la construcción y comienza a operar la empresa, esta paga impuestos y regalías que debe administrar el Estado. Ese dinero, llega de manera indirecta al bolsillo de la gente a través de proyectos de desarrollo que genera la autoridad local. Esa es la figura: recursos directos durante diez años, en el periodo en que un proyecto minero ha estado en construcción, y el resultado es cero conflictos. Pero cuando se cambia la gestión de los recursos y van para el Estado, a veces pueden surgir conflictos. Ese dinero que se destina al desarrollo necesita tener un buen gestor, llámese Estado. Cuando el Gobierno acuñó esta nueva frase de “rentabilidad social”, ¿de qué nos está hablando? ¿del desarrollo o del dinero para el poblador de la zona? Parecería que está pensando más en lo segundo.
¿El concepto de rentabilidad social se ha aplicado antes o en otros países?
Durante el segundo gobierno de Alan García surgió el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP). ¿En qué consistía? La empresa destinaba una cantidad importante de recursos voluntariamente para generar beneficios sociales en su entorno más cercano. Cerro Verde, por ejemplo, entre otros proyectos, le dio agua a una parte importante de la población de Arequipa, y lo hizo mediante este esquema. A las empresas les interesa tener una buena relación con su entorno. Lo que ocurre ahora es que, con la creación del Impuesto Especial a la Minería en el 2011 y el cambio del esquema de regalías, desapareció el PMSP y los proyectos de desarrollo se limitaron a la propia gestión y eficiencia del Estado para el uso de los recursos obtenidos a través del canon y de las regalías. Ese Estado también lo conforman las autoridades locales y regionales. Hoy, además, una parte de los proyectos de desarrollo con recursos públicos se puede hacer a través de las Obras por Impuestos, que podrían ser un sustituto del PMSP, de la mano de autoridades locales que busquen el desarrollo de sus comunidades.