El sector minero energético nacional afronta sus horas más difíciles. No solo estamos frente al hecho de que uno de los proyectos mineros más importantes del país paralice sus operaciones, sino de que se normalice como precedente una nueva manera de conseguir privilegios: el chantaje avalado por las autoridades y su indiferencia.
Lo que ha pasado en los últimos días en el sector es inexplicable. Máximas autoridades políticas haciendo promesas a líderes comunales no representativos e interesados más en hacer negocios que velar por el desarrollo a largo plazo de sus pueblos; mediadores de conflictos que toman partido por propuestas fuera de la Ley; y miopía de los representantes del Gobierno para resolver problemas que no son prioritarios, como el cambio del marco tributario de la minería. En pocas palabras, enfrentamos un entorno de creciente inestabilidad e incertidumbre.
Todo ello, frente a la secuela dejada por una de las crisis más severas que recordemos, producto de la pandemia de COVID-19, de la que apenas nos recuperamos. Con una producción que recién retoma los niveles previos a marzo del 2020 y un récord en cifras de empleo, exportaciones, pago de tributos y recursos generados para las regiones, quizá este 2021 haya estado signado por el esfuerzo de todo el sector por superar este shock.
Se trata sin dudas de un esfuerzo que da para el optimismo y que muestra el nivel de preparación y desempeño que tienen quienes laboran en toda la cadena de valor de una industria que junto con sus proveedores representa el 15% del PBI del país, y que es una locomotora capaz de jalar al resto de la economía y de generar recursos para resolver los grandes problemas de desigualdad, salud y educación.
Hacemos votos por un nuevo año con prosperidad y para que nuestras autoridades sepan estar a la altura del reto que significa mantenernos como un destino competitivo para las inversiones, algo que se tiene que forjar día a día y que es posible de lograr. No dudemos de nuestra capacidad y de nuestras posibilidades.
