Conocedor del manejo de la administración pública, Luis Miguel Castilla fue ministro de Economía y Finanzas, embajador en los Estados Unidos y ejerció cargos gerenciales en organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Comprometido con el anhelo de un mejor país a partir de su experiencia y de la gestión en los sectores público y privado, acaba de publicar el libro Propuestas del Bicentenario: Rutas para el desarrollo regional, junto con otros reconocidos profesionales como Janice Seinfeld, Nicolás Besich, Carolina Trivelli, José Gallardo, Angélica Matsuda, Paola Bustamante, Luis Marino, Milton von Hesse, Marco Vinelli y Rogers Valencia.
En este libro se plantean propuestas específicas para el desarrollo económico, social y ambiental del Perú. En entrevista con Desde Adentro, Castilla enfatiza la trascendencia de las actividades extractivas para la economía peruana, considerando que en la última década la minería y el sector de hidrocarburos aportaron casi un quinto del PBI. A partir de ello, urge retomar su dinamismo bajo un enfoque de sostenibilidad.
En el libro “Propuestas del Bicentenario. Rutas para el desarrollo regional” usted escribe el capítulo “Reactivación económica para el crecimiento sostenido” y habla de la minería y de los hidrocarburos como sectores clave para este objetivo. ¿Por qué es clave retomar el crecimiento del sector minero?
El sector minero es clave para la economía nacional porque representa el 10% del PBI, más del 60% de las exportaciones del país, el 25% de la inversión extranjera directa en el Perú, y aporta el 20% de los ingresos tributarios. Para acelerar la inversión minera, que se contrajo 29% en el 2020 desde el pico de US$ 8,864 millones alcanzado en el 2013, se deben considerar aspectos que han limitado la competitividad del sector.
¿Qué condiciones se requieren para que el país promueva y genere nuevas inversiones en minería?
Nosotros proponemos tres líneas de acción. La primera es la ejecución de inversiones para el cierre de brechas en las zonas de influencia de los proyectos minero energéticos, mejorando los instrumentos de planificación, programación y ejecución de inversiones públicas en servicios básicos en estas zonas. Segundo, la detección y solución temprana de posibles conflictos sociales, ampliando el alcance del Comité de Gestión Minero Energético, un espacio de diálogo y coordinación entre Estado, empresa y ciudadanos, e implementando un Sistema Nacional de Transformación de Conflictos Sociales para articular la acción estatal bajo la rectoría del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Finalmente, está la simplificación de procedimientos administrativos sin reducir los estándares socioambientales según la normatividad vigente. Por ejemplo, estableciendo la prórroga automática de la vigencia de los instrumentos de gestión ambiental cuando ocurran hechos ajenos a la voluntad del titular minero que impiden el inicio de actividades, o permitiendo la aprobación automática de permisos de extracción y colecta, en la elaboración de estudios de línea de base o ejecución del monitoreo.
¿Cómo retomar el dinamismo de la actividad minera bajo un enfoque de sostenibilidad?
Existen cuatro dimensiones que puede abordar el sector minero en el marco de la agenda de desarrollo sostenible. La primera es el uso de tecnología que cumpla con los estándares mundiales, los cuales, a su vez, son amigables con el medio ambiente y reducen el impacto en los ecosistemas. Luego, hay que contar con estudios efectivos de impacto ambiental para reducir la incidencia de la contaminación, haciendo énfasis en los territorios cercanos a las zonas mineras. En tercer lugar, hay que usar prácticas sustentables en el uso de recursos renovables para el ahorro de energía. Y, cuarto, hay que tender puentes de diálogo entre el Estado, las empresas y las comunidades. Los conflictos sociales y ambientales pueden evitarse si se crean mecanismos, instituciones o se nombran representantes que generen una mayor empatía entre estos tres agentes.
Sobre la interrelación del sector minero con la economía de las regiones, ¿cómo se benefician estas de la actividad minera?
Nosotros estimamos el impacto de los encadenamientos productivos del sector minero. El primer indicador que usamos fue el multiplicador del valor agregado, encontrando que por cada S/ 1 millón de producción en la actividad minera a nivel nacional se generan S/ 234 mil en otros sectores económicos. En regiones como Lima, este multiplicador es de S/ 210 mil, mientras que en La Libertad e Ica son S/ 190 mil y S/ 180 mil, respectivamente. El segundo indicador es el multiplicador de empleo, encontrando que por cada empleo generado en el sector minero se requieren de 5.3 empleos adicionales en otras actividades económicas. A nivel regional, La Libertad que posee el mayor multiplicador, igual a 4.7 empleos indirectos por cada empleo en el sector minero, mientras que otras regiones que poseen los multiplicadores más altos son Ica (4.3), Lima (4.0) y Arequipa (3.3).
¿Por qué para la población no son tan evidentes estos beneficios?
La relación entre las empresas mineras y las comunidades es heterogénea. Existen casos de éxito con algunas empresas que ha registrado muy pocos episodios de conflictos con las comunidades en los más de 20 años que tienen operando. Sin embargo, eso no sucede con todos los proyectos y es probable que esté pendiente un trabajo comunicacional con las comunidades para evidenciar los beneficios derivados de la actividad minera. Otra razón es la forma de actuar de los políticos, que guiados por motivos ideológicos rechazan a la minería.
Usted plantea la urgente necesidad de políticas de desarrollo de infraestructura, conectividad, investigación y desarrollo para la reactivación económica. ¿Cómo el sector minero se relaciona con esta necesidad?
Considerando como objetivo principal la provisión de servicios básicos para las zonas de influencia minera, existe una significativa diferencia entre los proyectos ejecutados con participación privada, como las Obras por Impuestos y los proyectos ejecutados como obras públicas. Mientras que en los primeros hay buenas experiencias con empresas como Antamina, Southern y Volcan; en el segundo grupo persisten importantes brechas que son estructurales en la gestión pública. Por ejemplo, en la experiencia del proyecto Las Bambas, se adelantaron los recursos presupuestales con cargo a los flujos futuros del proyecto minero. Sin embargo, contar con los recursos no quiere decir que los Gobiernos locales y el Gobierno regional tengan la capacidad de traducir las partidas presupuestales en proyectos de inversión pública que sean viables y que puedan ejecutarlos a tiempo sin generar sobrecostos o controversias con sus contratistas.
Hace unos días el exgobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, planteó la creación de los Servicios por Impuestos, que complementen las Obras por Impuestos que ya existen. ¿Cómo ve una propuesta de este tipo?
Es una buena iniciativa que busca incrementar el acceso a servicios básicos en las zonas de influencia minera. La experiencia de Antamina, Southern Perú y Volcan ejecutando proyectos mediante Obras por Impuestos ha sido positiva para culminar proyectos en las áreas de transporte, saneamiento y educación por un monto de S/ 2,000 millones entre 2009 y 2020. Este tipo de mecanismos de financiamiento, así como el Fondo de Adelanto Social o los esquemas de desarrollo territorial deben ser potenciados.
¿Qué conclusiones saca del mensaje presidencial de Fiestas Patrias? [Nota del editor: Esta pregunta fue formulada posteriormente al discurso del 28 de julio]
El discurso presidencial de Fiestas Patrias no fue disruptivo como se esperaba, y si bien no incluyó sorpresas adversas a las expectativas económicas, mostró un desconocimiento del momento por el que atraviesa el país. En materia minera, reconoció la importancia de la minería y del canon para el desarrollo nacional, pero no esbozó plan alguno para revertir la caída de la inversión privada en el sector o alentar un mejor uso de la renta minera. Una omisión gruesa en el discurso fue no referirse a la conflictividad social que ha paralizado a la minería gran parte del año y cuyo deficiente manejo atenta contra la producción futura y la competitividad del sector.