Ante la desaceleración de la economía nacional y de los niveles de inversión privada en el país, urge afianzar la gobernabilidad y la institucionalidad, a fin de recuperar la confianza de los inversores para lograr un nuevo flujo de capitales que permitan emprender nuevos proyectos y obras que generen empleo formal de manera descentralizada.
Desde el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República se deben dar señales claras y coherentes que alejen a nuestro país de la incertidumbre que trae consigo prácticas populistas y dar paso a una sincera promoción de la inversión privada, que es una aliada estratégica para impulsar el desarrollo de las regiones y el cierre de las brechas sociales y de infraestructura.
Se tiene que trabajar en mejorar la regulación que muchas veces demora la puesta en marcha de nuevos proyectos, así como para reposición y ampliación de operaciones, que hoy más que nunca son necesarios para reactivar nuestra economía y recuperar los niveles de empleo que se tenían en la etapa prepandemia de la COVID-19.
Nuestras autoridades deben pasar del discurso a la acción, pues ya se han encendido las alarmas, con el duro pronóstico de la contracción de la inversión privada en minería en el 2023, señalado por el propio presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde; y el anuncio del Ministerio de Energía y Minas que ha reportado una caída en el empleo minero, después de haber marcado varios récords de crecimiento durante los últimos años.
Si bien han disminuido las protestas sociales, el impacto del ciclón Yaku y del fenómeno El Niño que se avecina podrían afectar aún más nuestra economía. Ante ello, se requiere no solo de prevención y acción por parte del sector público, sino permitir que el sector privado pueda aportar todo su potencial para transitar por una nueva senda de crecimiento, que nos lleva a un desarrollo mayor y combatir la pobreza.