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Juan Carlos Paz, APN
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SNMPE y Confiep: Exhortamos al Gobierno a restaurar la paz social de la población afectada por los conflictos sociales

El bloqueo de la vía férrea y del suministro de agua al campamento minero, por parte de grupos violentos, ha puesto en peligro la vida y la salud de más de 5 mil personas que se encuentran aisladas desde hace más de 20 días y que ya vienen sufriendo la escasez de productos de primera necesidad.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) rechazan los actos delictivos perpetrados contra la unidad minera Cuajone de Southern Copper, en la provincia de Mariscal Nieto – Moquegua. El bloqueo de la vía férrea y del suministro de agua al campamento minero, por parte de grupos violentos, ha puesto en peligro la vida y la salud de más de 5 mil personas que se encuentran aisladas desde hace más de 20 días y que ya vienen sufriendo la escasez de productos de primera necesidad.

Desde nuestras organizaciones reconocemos que si bien la protesta es un derecho, está debe ser ejercida siempre dentro del marco legal vigente, sin acciones de violencia que afecten los derechos humanos de la población afectada y sin ser utilizada como una forma de extorsión.

Cabe recordar que al conflicto antes señalado, se suman otros casos de bloqueos que han originado la interrupción de la producción de la minera Las Bambas, en Apurímac, que ha recibido una nueva amenaza de bloqueo dentro de los próximos 30 días; así como la paralización de la mina Atacocha de Nexa Resources, en Pasco.

En tal sentido, urge contar con autoridades capaces de generar los espacios de diálogo para la prevención y gestión oportuna de los conflictos sociales, así como de garantizar, en el marco de sus funciones, el respeto del Estado de Derecho, pilar fundamental de toda democracia.

Por ello, exhortamos al Gobierno a dar una pronta solución y tomar las medidas que le otorga la Constitución y las leyes para recuperar el orden público y la paz social, proteger los derechos fundamentales de las personas y de la actividad empresarial.