Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por la Sra. Sonia Muñoz, sostuvo conversaciones en el marco de la consulta del Artículo IV 2026 con el Perú entre el 10 y el 25 de marzo de 2026, en Lima y Cusco. Al término de la visita, la misión emitió la siguiente declaración, que resume sus principales conclusiones y recomendaciones:
Crecimiento sostenido en un contexto de elevada incertidumbre
Los términos de intercambio en niveles máximos históricos sustentaron el impulso positivo de la actividad económica en 2025. Tras una sólida recuperación en 2024, la economía continuó expandiéndose en 2025, alcanzando un crecimiento de 3.4 por ciento, situando la actividad económica cerca de su potencial. El crecimiento del empleo y de los ingresos, la recuperación de la confianza de los consumidores y la baja inflación favorecieron el consumo privado. La inversión privada creció 10 por ciento, su ritmo más elevado desde 2013, excluyendo el repunte posterior a la pandemia, impulsada por los altos precios de los metales y el avance sostenido de los proyectos de infraestructura. El BCRP continuó con la normalización de la política monetaria, con expectativas de inflación firmemente ancladas y una inflación situada en torno al punto medio del rango objetivo. El superávit de la cuenta corriente mejoró aún más hasta 3.1 por ciento del PIB, reflejando efectos acotados de las barreras comerciales y sólidos volúmenes de exportaciones agrícolas. El déficit fiscal se redujo a 2.2 por ciento del PIB, cumpliendo con la meta de la regla fiscal, aunque se mantuvo elevado en términos estructurales.
Se prevé que el crecimiento se modere, ya que el impacto de los elevados precios de los metales compensará en gran medida el choque global de los precios de la energía. Partiendo del supuesto de que las repercusiones derivadas de una guerra de corta duración en Oriente Medio serán limitadas, se espera que el crecimiento alcance 2.8 por ciento en 2026. Se prevé que un mercado laboral sólido y la mejora de los ingresos reales impulsen el consumo privado en 2026, pese a ciertos factores adversos para la demanda interna asociados al período electoral. Se proyecta que los precios favorables de los metales mejoren el crecimiento potencial. Se espera que el crédito continúe recuperándose de forma moderada. Un aumento de los precios de la energía afectaría principalmente al transporte y los alimentos, elevando temporalmente la inflación general y subyacente hacia el límite superior del rango objetivo de 1–3 por ciento en 2026. Se prevé que el saldo de la cuenta corriente se mantenga con un superávit de alrededor del 3.4 por ciento del PIB en 2026, para luego retornar gradualmente a un déficit, en línea con una lenta normalización de los términos de intercambio y un mayor dinamismo de la inversión privada. Con las políticas actuales, el déficit fiscal alcanzaría el 2 por ciento del PIB en 2026 y se mantendría por encima de los objetivos de la regla fiscal en el mediano plazo, mientras que la deuda pública se estabilizaría en torno al 32 por ciento del PIB.
El balance de riesgos para las perspectivas se inclina a la baja, dada la elevada incertidumbre externa, aunque Perú cuenta con amplios márgenes de maniobra para hacer frente a posibles choques. Entre los principales riesgos internos a corto plazo se encuentran la incertidumbre política, la conflictividad social y choques derivados de fenómenos meteorológicos extremos, incluido un fenómeno El Niño Costero más intenso, mientras que los niveles persistentemente altos de inseguridad y la minería ilegal podrían frenar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo. Los riesgos externos están marcados por las posibles repercusiones de un conflicto prolongado en Oriente Medio, que podrían dar lugar a efectos de segunda ronda sobre las expectativas de inflación, un menor crecimiento global y condiciones financieras más restrictivas. Otros riesgos externos incluyen las tensiones geopolíticas regionales, el proteccionismo y las disrupciones comerciales, así como la volatilidad de los precios de las materias primas y una prolongada incertidumbre política. Del lado positivo, el crecimiento podría ser mayor si los elevados precios de los metales o una mayor estabilidad política tras las elecciones generales propician una mayor inversión privada. La resiliencia macroeconómica del Perú se ve reforzada por colchones muy sólidos, que incluyen una deuda pública reducida, abundantes reservas internacionales y el acceso a los mercados de capitales internacionales en condiciones favorables.
Cómo abordar los desafíos fiscales estructurales
Para alcanzar las metas fiscales de las autoridades será necesario racionalizar el gasto. Con las políticas actuales, sería necesaria una consolidación de alrededor del 0.9 por ciento del PIB para 2028 a fin de cumplir con la meta de déficit a mediano plazo. Abordar las rigideces e ineficiencias del gasto público, así como resistirse a iniciativas legislativas de gasto sin financiación, contribuiría a respaldar los objetivos fiscales de las autoridades, reducir el déficit estructural y evitar el desplazamiento de la inversión pública productiva. Se podrían obtener ahorros frenando las tendencias actuales en materia de empleo público y crecimiento salarial, así como mejorando las prácticas de contratación pública y la eficiencia de la inversión pública, lo que maximizaría el crecimiento y los rendimientos sociales. Las reformas en Petroperú deberían continuar para mejorar la gobernanza, reducir costos y asegurar su viabilidad financiera. La racionalización del gasto también dejaría un margen de maniobra en caso de que un choque de precios de la energía más prolongada e intensa requiriera una respuesta fiscal compensatoria. Cualquier apoyo fiscal debería estar focalizado en los más vulnerables, incorporar cláusulas claras de caducidad y evitar distorsionar los precios de los hidrocarburos.
Reformas tributarias son esenciales para reducir las brechas en materia de infraestructura y servicios sociales. Perú enfrenta también deficiencias importantes en infraestructura y en los resultados de los sectores educación y salud, mientras que la protección social sigue siendo limitada. Abordar estas brechas sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal requerirá de reformas adicionales para elevar de manera duradera la baja relación recaudación fiscal/PIB, más allá del ciclo actual de los términos de intercambio. El reciente Acuerdo Fiscal constituye una iniciativa gubernamental positiva para facilitar el debate público en torno a la sostenibilidad fiscal y la ampliación de la base impositiva.
Los marcos recientemente promulgados para las asociaciones público‑privadas (APP) podrían estimular la inversión, pero las autoridades deberían gestionar cuidadosamente los riesgos. Si bien el reciente impulso a los proyectos financiados mediante APP y la modalidad de obras por impuestos (OxI) podría ayudar al Perú a atender algunas de sus necesidades de infraestructura, será fundamental monitorear de cerca la acumulación de pasivos contingentes y mantener la neutralidad en la selección de la modalidad de inversión.
La implementación de la reforma previsional de 2024 debería avanzar con cautela hasta que se hayan mitigado los riesgos asociados, con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad del sistema de pensiones. La transición obligatoria del sistema público de prestaciones definidas a un sistema de contribución de cuentas nocionales para 2030, así como la facilitación del cambio de afiliados entre los sistemas público y privado, podrían introducir riesgos de déficit de financiación para ambos sistemas previsionales en el mediano plazo. Asimismo, la reforma previsional original se vio significativamente debilitada en septiembre de 2025 con la aprobación de la octava ronda de retiros de los fondos privados de pensiones (AFP) y la eliminación de la exclusión de la pensión mínima para los afiliados que retiren la totalidad de sus fondos de pensiones.
Mantenimiento de una postura de política monetaria dependiente del comportamiento de la inflación y sus determinantes
La actual postura de política monetaria neutral en términos generales sigue siendo adecuada, y el BCRP debería continuar permitiendo la flexibilidad cambiaria.
La tasa de interés de referencia del BCRP se sitúa actualmente en 4.25 por ciento, lo que implica una tasa real ex ante de 2.1 por ciento a fines de febrero de 2026, ligeramente por encima de la tasa neutral estimada de 2 por ciento. De cara al futuro, la política monetaria debería seguir siendo dependiente del comportamiento de la inflación y sus determinantes, en un contexto de múltiples choques de oferta y elevada incertidumbre en torno a las presiones inflacionarias de corto plazo y a las expectativas de inflación. Debería mantenerse la flexibilidad cambiaria para ayudar a amortiguar el impacto de posibles choques externos.
Fortalecer la profundización del sector financiero y salvaguardar la resiliencia
El sistema financiero sigue gozando de solidez y los riesgos sistémicos están contenidos. El análisis de las pruebas de estrés, elaborado por las autoridades, sugieren que los bancos mantendrían su solvencia incluso bajo escenarios adversos y que los riesgos de contagio son limitados. La plena operatividad de las nuevas normativas y el cierre de las brechas regulatorias restantes fortalecerán la resiliencia financiera, incluyendo la revisión de los criterios de activación del colchón de capital contracíclico y la ampliación de los planes de recuperación de los bancos de importancia sistémica doméstica al nivel de grupo financiero y la planificación de resolución correspondiente.
Abordar los desafíos estructurales promovería la profundización financiera y reactivaría el crecimiento del crédito. La expansión de las finanzas digitales está ampliando el acceso a los servicios financieros, y el crédito al sector privado se aceleró hacia finales de 2025. No obstante, la profundización financiera se ha estancado, posiblemente debido a limitaciones estructurales como el alto nivel de informalidad laboral, la baja educación financiera y el uso y acceso limitados a los servicios financieros. Asimismo, el crédito como proporción del PIB sigue estando por debajo de los niveles previos a la pandemia, y la actual desaceleración cíclica refleja principalmente una débil demanda de crédito derivada de niveles moderados de inversión privada, así como una abundante liquidez derivada de los retiros de las AFP y de las elevadas utilidades mineras, incluidas aquellas provenientes de la minería ilegal. La promoción de la competencia y la innovación, como los marcos de banca y finanzas abiertas, podría contribuir a hacer frente a estos desafíos estructurales.
Los retiros de fondos privados de pensiones son perjudiciales para los mercados de capitales domésticos y deberían evitarse. Los retiros recurrentes han reducido la rentabilidad de las carteras de las AFP, debido a la liquidación de activos con descuentos y a la reasignación de las carteras remanentes hacia activos más líquidos. Dado que las AFP constituyen el mayor inversionista en bonos corporativos nacionales, los retiros han debilitado severamente la profundidad y la capacidad de financiación a largo plazo de los mercados de capitales locales.
Impulsar la inversión y el crecimiento potencial
Se necesita una respuesta de política coordinada para revertir el rápido aumento de la minería ilegal. Los elevados precios de los metales han desencadenado una expansión significativa de la minería ilegal de oro y, más recientemente, de cobre, y han creado incentivos para la participación del crimen organizado. La continua ambigüedad normativa en el proceso de formalización está permitiendo que los operadores ilegales se expandan con impunidad. La minería ilegal plantea riesgos para el crecimiento económico al desalentar la inversión formal y debilitar las instituciones, con amplias repercusiones socioeconómicas, incluso en los mercados laborales formales y la seguridad. La reciente legislación que amplía la definición de la minería ilegal como delito, incluyendo las actividades de procesamiento posteriores a la extracción, es bienvenida. No obstante, se requieren mayores esfuerzos para cerrar las brechas legales restantes y establecer vías claras hacia la formalización. Deben evitarse las medidas que debiliten los derechos de propiedad de las concesiones mineras. El fortalecimiento de las instituciones anticorrupción y de la capacidad del Estado en materia de seguridad, fiscalización y supervisión financiera debería contar con el respaldo de la cooperación interinstitucional, regional e internacional. Asimismo, serán esenciales políticas específicas para elevar el nivel de vida y promover oportunidades económicas en las comunidades donde existen actividades de minería ilegal, a fin de reducir los incentivos para participar en dichas actividades.
Perú debería implementar reformas estructurales urgentes para aprovechar los términos de intercambio favorables y potenciar de manera duradera el crecimiento potencial. Períodos anteriores con altos términos de intercambio impulsaron la inversión privada y el crecimiento, respaldados por reformas estructurales importantes. En consonancia con recomendaciones previas del personal técnico, las prioridades incluyen la actualización del marco de descentralización fiscal y el rediseño de las fórmulas de distribución de los ingresos provenientes de los recursos naturales, a fin de asegurar que todos los ciudadanos se beneficien de los ingresos extraordinarios generados por la minería. Sigue siendo necesario realizar esfuerzos para reformar las regulaciones laborales y tributarias que imponen costos excesivos a la formalización o expansión de las empresas, fortalecer la independencia e integridad de los órganos judiciales para poner fin a la impunidad de la corrupción, reforzar la resiliencia frente a desastres naturales y aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. El proceso de adhesión a la OCDE proporciona una hoja de ruta clara para impulsar reformas destinadas a mejorar el clima de negocios, reducir la informalidad y reformar la función pública, con el fin de aumentar la productividad, las inversiones y la eficiencia del gasto público.
Fuente: FMI.