El sector minero energético peruano se encuentra en un punto de quiebre donde la improvisación no es una opción. Ante un escenario global exigente y dinámico, el próximo Gobierno del Perú enfrentará el reto de destrabar inversiones y asegurar un entorno social favorable a los proyectos, los cuales deberán mantener su enfoque de máxima eficiencia.
A continuación, un grupo de expertos consultados sobre estos temas comparten las tareas urgentes y las estrategias necesarias para transformar nuestros recursos en un bienestar tangible para todos los peruanos.
Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto: “Recuperar predictibilidad”
Sobre la base de las propuestas elaboradas por Videnza Instituto, la primera y más urgente prioridad que debería asumir el siguiente Gobierno en el sector minero energético es recuperar la predictibilidad regulatoria y reducir los costos de transacción en el ciclo de permisos mineros. La tramitología excesiva, la superposición de competencias y el incumplimiento sistemático de plazos legales han elevado los costos de transacción y erosionado la credibilidad del marco institucional, en un momento en que la demanda mundial de cobre podría duplicarse hacia el 2050 y el Perú enfrenta una ventana de oportunidad estratégica que depende crecientemente de factores institucionales y de gobernanza, más que de su dotación geológica.
Sin esta reforma —que pasa por una ventanilla única digital, plazos vinculantes y trazabilidad pública de permisos—, el país seguirá perdiendo oportunidades de inversión frente a competidores como Chile, Canadá o Australia, que ofrecen mayor certeza a los inversionistas.
La segunda prioridad es reformar el uso del canon para que se traduzca en bienestar territorial visible. Incluso en distritos y provincias que reciben montos significativos por concepto de canon y regalías, persisten brechas importantes en el acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento, conectividad vial, educación y salud. Esta desconexión entre renta transferida y resultados concretos es la raíz más profunda de la conflictividad social y la que más daña la legitimidad política del sector. Una reforma operativa del canon —con una cartera priorizada de proyectos de alto impacto, datos abiertos y control concurrente orientado a resultados— es condición necesaria para reducir la conflictividad de fondo, no solo para administrarla.
La tercera prioridad es atacar de manera frontal la minería ilegal aurífera, que hoy representa un riesgo sistémico subestimado. Diversas estimaciones indican que hasta el 40% del oro producido en el Perú tendría origen ilegal o informal, equivalente a flujos superiores a US$ 10,000 millones anuales que circulan fuera del control tributario, financiero y regulatorio del Estado. El punto de intervención más eficaz no está en la etapa extractiva —donde el Estado tiene capacidad limitada—, sino en la comercialización y exportación, mediante trazabilidad del oro e intervención coordinada de SUNAT y la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin resolver esto, cualquier agenda de formalización y sostenibilidad ambiental quedará trunca.
Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía: “Un nuevo proyecto cada año”
El contexto global no podría ser mejor para impulsar en serio la agenda pendiente en el sector minero energético. El proceso de electrificación global, la transición hacia las energías limpias, la demanda de la inteligencia artificial, entre otros factores, dan cuenta de una oportunidad inigualable para Perú en la década que viene.
En ese contexto, una de las prioridades evidentes del siguiente Gobierno debe ser avanzar con decisión en la construcción de nuevos proyectos mineros. Deberíamos aspirar a inaugurar un proyecto relevante por año. En cambio, la perennidad de la cartera de proyectos mineros del MINEM debería ser motivo de vergüenza. No se pueden seguir perdiendo inversiones que debieron salir en años anteriores, como Yanacocha Sulfuros o Zafranal, ni menos frenar inversiones en ejecución, como Tía María. Esto es evidente para cualquiera.
Aquí algunos de los problemas centrales son el exceso de carga regulatoria —aparejado con redundancias e ineficiencias burocráticas—, la conflictividad social latente, y el avance de la minería ilegal. La volatilidad política tampoco ayuda a atraer inversiones.
Al mismo tiempo, en el campo energético, una de las prioridades debe ser volver a promover la inversión en exploración de hidrocarburos. Esta cayó en más del 90% entre 2014 y 2024. El Perú tiene el potencial, pero restricciones basadas en dogmas o en un pobre entendimiento del mercado global han frenado el avance.
La verdad es que se nos va el tren. El super ciclo de los minerales y la transición energética no durarán para siempre. Pero aquí nos encuentra bien cómodos sin hacer mucho.
Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico: “Un ente que centralice todas las concesiones de fuentes de energía”
Las tareas prioritarias en temas minero energéticos para el próximo Gobierno deberían ser lograr una estrategia agresiva de consolidación de la MAPE (minería artesanal y de pequeña escala) sostenible y responsable. Esto implica trabajar en dos frentes: eliminar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y dar paso a una nueva Ley MAPE, que establezca las obligaciones que todo operador de dicho estrato debe cumplir previamente al iniciar actividades, durante su desarrollo y en la etapa de cierre.
El segundo frente es la erradicación de la minería ilegal, usando tecnología y herramientas modernas con un fuerte compromiso político. Ello implica limitar cualquier iniciativa legal que beneficie a la minería ilegal.
Otra tarea sería desarrollar una estrategia de atracción de inversiones en el contexto de ampliación de la producción de minerales críticos. El Perú tiene potencial en tierras raras pero lo que debemos aprovechar es el apetito por el desarrollo de nuevos proyectos de cobre. Los grandes jugadores están apostando por duplicar su producción en los próximos años. La pregunta es qué puede ofrecer el Perú en términos de infraestructura, capital humano y marco regulatorio para subirnos a la ola de inversiones que habrá en el mundo y poder captarla. El peligro es desaprovechar la oportunidad y dejar de generar riqueza para el país.
Finalmente, en el tema energético es mucho lo que debe hacerse. A mi parecer, seria importante evaluar la posibilidad de contar con un ente que centralice el otorgamiento de todas las concesiones de fuentes de energía de todo tipo (incluidos petróleo y gas natural, actualmente en manos de Perúpetro). La energía proveniente de fuentes no renovables y renovables debe verse de manera conjunta dentro de la política energética. La transición energética está en marcha y no podemos dar la espalda a ella.
Migrar del petróleo al gas natural está muy bien, pero debe establecerse un balance económico ambiental como criterio para la ampliación de la inversión en energía, incluyendo cada vez más aquellos proyectos que generen energía de fuentes renovables donde el Perú tiene potencial. Se debe buscar la complementariedad entre las diferentes fuentes de energía para obtener un balance óptimo a las necesidades del país.
Marcial García, socio de Impuestos en EY Perú: “Fomentar la inversión en exploración”
A mi modo de ver, las prioridades del próximo Gobierno para el sector minero deberían centrarse en primer lugar en fomentar la inversión en exploración y destrabar los proyectos de gran escala.
El segundo debe ser luchar contra la minería ilegal mediante la trazabilidad y la formalización de la minería de pequeña escala y artesanal.
Una tercera prioridad debe ser asegurar la predictibilidad y la estabilidad jurídica para ganar competitividad y recuperar la confianza de los inversionistas. Finalmente, se debe trabajar en prevenir conflictos sociales, garantizando un entorno seguro para inversiones responsables, promoviendo el diálogo y la sostenibilidad en las zonas de influencia.