América Latina y el Caribe tienen la mayor prevalencia de conflictos relacionados con la minería. Por ello, la licencia social —conjunto de percepciones e intangibles que implican el apoyo y valoración por parte de la comunidad local— cobra un rol protagónico en el desarrollo de las actividades extractivas.
¿Qué factores dificultan o facilitan esta licencia?
“Lo que no está funcionando es la institucionalidad”, advirtió Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), durante su primera intervención en el Seminario Internacional del Diario Gestión “Licencia social y el rol del gobierno en las actividades extractivas”. A menos institucionalidad, dijo, mayor será la dificultad de que los proyectos cuenten con la aceptación de las comunidades.
Una conclusión que ahora está respalda por el artículo presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “La licencia no escrita: licencia social para operar en el sector extractivo de América Latina”, que aborda la relevancia de la licencia social para las actividades extractivas y el rol de las instituciones públicas en sus zonas de influencia.
En el artículo se establecen tres factores determinantes de la licencia social: la justicia distributiva, es decir, que los beneficios no se distribuyen equitativamente entre la comunidad; la relación entre las empresas y la comunidad o “justicia procesal”; y la más importante a nivel regional, la capacidad de gobernanza o institucionalidad de cada país, que es la capacidad del Estado de hacer que las normas se cumplan.
Panorama regional
A través de una encuesta realizada en el 2021, el estudio del BID registró la percepción general acerca de los sectores extractivos en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Los resultados revelaron, por ejemplo, que la mayor parte de los habitantes piensa que la actividad de hidrocarburos es positiva para el país, al igual que la con la minería, salvo en Colombia. Pero ese no es el diagnóstico completo.
Por ejemplo, un 40% de las personas piensa que los Gobiernos no hacen cumplir las leyes, tanto en minería como en petróleo y gas, y casi un 60% piensa que no hay justicia distributiva.
Los hallazgos del artículo sugieren que el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales puede contribuir en la prevención de los conflictos vinculados con las industrias extractivas. “A mayor gobernanza, justicia distributiva, justicia procesal, más licencia social”, explica Osmel Manzano, asesor económico regional del BID, quien expuso los resultados del estudio.
El lado peruano
Jacob recordó los esfuerzos desde el sector privado —durante el segundo gobierno de García— mediante el llamado Aporte Voluntario, que consistía en destinar un 3% de las utilidades de cada compañía a un fondo común para generar obras de desarrollo social en zonas con baja ejecución pública.
“Funcionó solo durante cinco años, pero [fue] un tiempo prudente para realizar una evaluación de resultados de estas políticas: se consiguió hacer las inversiones en el tiempo en que se planeó y por debajo del presupuesto. Ahí yo veo una gran oportunidad”, sostuvo.
Paola Bustamante, directora de Videnza Consultores, señaló en el seminario que el diálogo intercultural es fundamental para entender cómo perciben las comunidades su propio desarrollo. “Hay diferencias determinantes en esta concepción”, expresó.
“La gobernanza es la arquitectura que tiene el país para garantizar el desarrollo minero. Tenemos instituciones y ministerios, pero no tenemos la construcción o arquitectura que permita y visibilice quién lidera esta apuesta para el desarrollo de la minería en el país”. Y agregó que uno de los mayores problemas de gobernanza es que, las comunidades, una vez que se inicia un proyecto minero, no se sienten beneficiadas.
Jacob recordó, por último, que del 2020 al 2021 el sector minero triplicó la recaudación tributaria. “Nada más errado [decir] que la minería no paga impuestos. Si sumamos los ocho impuestos [que gravan a la minería] y la carga tributaria, estamos pagando al menos la mitad de la utilidad disponible. De la otra mitad, la mayoría se reinvierte en el país para que no se pierda competitividad”, afirmó.
Sin embargo, recalcó que un 40% de las transferencias por concepto de canon y regalías no se gasta y lo que se ejecuta es, en su mayoría, para infraestructura de transporte y planeamiento. Indicó que es necesario el cierre de brechas con énfasis en temas prioritarios como agua y saneamiento (donde solo se destina el 11%) y salud y educación (13%), rubros relevantes para mejorar la calidad de vida de las personas. “Hay que repensar el tema del uso de los recursos del sector minero energético para todo el país”, concluyó.