El Gobierno aprobó el Decreto de Urgencia N° 003-2026 para garantizar la continuidad operativa de Petroperú, asegurar el abastecimiento de combustibles y proteger la estabilidad energética del país frente a un contexto internacional marcado por el incremento del precio del petróleo, restricciones de liquidez y presiones financieras sobre la empresa estatal.
La norma marca un punto de quiebre respecto a los modelos anteriores de financiamiento y representa una innovación financiera en la gestión de empresas públicas. Por primera vez, el esquema no contempla recursos del Tesoro Público ni el uso de impuestos de los peruanos para sostener la operación de la empresa. De esta manera, se deja atrás el modelo histórico de rescates fiscales y se reemplaza por financiamiento proveniente de banca privada internacional bajo supervisión técnica de ProInversión.
“Lo que se habilita es una línea de financiamiento de hasta US$ 2,000 millones provenientes de la banca internacional bajo un esquema de compromiso contingente. Para ello se constituirá un vehículo de propósito especial, con un mecanismo de administración supervisada y una gobernanza técnica a cargo de ProInversión, entidad que cuenta con la confianza de la banca internacional. De esta forma aseguramos que los recursos sean utilizados exclusivamente para garantizar la continuidad operativa de Petroperú”, afirmó el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio.
El mecanismo aprobado contempla la creación de una estructura financiera especial para proteger los nuevos recursos y separarlos de las deudas históricas de Petroperú. Este “escudo financiero” permitirá asegurar que el dinero destinado a la operación no sea utilizado para cubrir obligaciones pasadas de la empresa. Además, los recursos serán administrados mediante un esquema de control supervisado por ProInversión y tendrán un uso exclusivo y auditado para actividades esenciales como compra de crudo, refinación y abastecimiento de combustibles a nivel nacional.
Asimismo, el Decreto de Urgencia autoriza al Ministerio de Energía y Minas a realizar pagos o transferencias financieras a favor de entidades nacionales e internacionales vinculadas a los compromisos contingentes contemplados en el esquema. Adicionalmente, el MINEM podrá asumir compromisos contingentes de corto plazo hasta por US$ 500 millones, como una facilidad financiera transitoria orientada a asegurar la operación inmediata mientras se implementa el esquema definitivo de financiamiento internacional.
Además, se incorporan medidas de gobernanza y control orientadas a garantizar eficiencia, disciplina operativa y ejecución acelerada. Entre ellas, se establece que el Directorio de Petroperú deberá ejecutar las disposiciones operativas vinculadas al esquema en un plazo máximo de cinco días hábiles, mientras que PROINVERSIÓN aprobará en un máximo de diez días el protocolo para el uso de los recursos provenientes de la banca privada internacional, consolidando un proceso técnico y sujeto a reglas estrictas de control.
“Petroperú seguirá cumpliendo su rol estratégico para el país, pero bajo un nuevo modelo orientado a la sostenibilidad y eficiencia. Esta es una estructura moderna que rompe con el esquema histórico de utilizar recursos de los peruanos para sostener pérdidas de la empresa”, sostuvo Luis Del Carpio.
Cabe precisar que el Decreto de Urgencia N° 010-2025, que inició el proceso de reorganización patrimonial, financiera y operativa de Petroperú, continúa vigente y ProInversión viene avanzando en las distintas fases de su implementación. Como parte de este proceso, entre junio y julio de este año se prevé la constitución de los bloques patrimoniales de la empresa, medida orientada a fortalecer su sostenibilidad y viabilidad en el mediano y largo plazo.
La reorganización impulsada por el Gobierno busca que Petroperú recupere sostenibilidad financiera y capacidad de refinanciamiento en el mediano plazo, bajo criterios técnicos, transparencia y control especializado. Asimismo, se precisa que el proceso no implica privatización de la empresa ni afectará la representación de los trabajadores en el directorio.
Fuente: ProInversión.