¿Cómo describiría el estado de salud del sector hidrocarburos en el Perú? ¿Qué oportunidades y desafíos observa actualmente?
Pensando en la “salud” del sector, yo diría que hoy parece no estar tan mal, pero es un enfermo crónico. Lo pondría así porque hay muchos problemas que arrastramos desde hace años y que no hemos solucionado. Quizás en el corto plazo no se ven los efectos, pero sí pueden impactar en el mediano y largo plazo, y hacernos perder oportunidades importantes.
Uno de los principales problemas es el muy bajo nivel de exploración. Y eso ocurre porque no están bien puestos los incentivos regulatorios, empezando por la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En el caso del gas natural, además, no se ha impulsado un mecanismo que aumente la demanda. Esa demanda podría venir de una mayor exportación, de la petroquímica o de otros sectores, pero eso también requiere cambios regulatorios.
Si no hay más demanda, ¿por qué se va a explorar más gas, si hoy incluso tenemos que reinyectar parte del gas que extraemos? Ese es un problema importante que hoy quizá no se note, pero que más adelante puede tener un impacto significativo.
Otro gran dolor de cabeza es Petroperú. Muchas veces participa como socio o comprador dentro de la cadena de valor del sector, pero por falta de recursos no paga y eso debilita toda la cadena de pagos.
Y en el caso del gas natural, ya estamos a unos ocho años de que venzan los contratos originalmente diseñados a 30 años con Camisea, y todavía no tenemos una estrategia clara sobre qué viene después. Ya financiamos toda la infraestructura que hoy existe y que le ha generado resultados positivos al país, pero falta discutir qué queremos hacer en la siguiente etapa. Ahí hay una gran oportunidad que todavía no estamos aprovechando.
¿Cómo nos deja este panorama frente a otros países de la región? ¿Estamos dejando pasar oportunidades?
Sí. Un ejemplo muy claro es lo que está pasando con Venezuela. Se ha vuelto nuevamente un país atractivo para actores internacionales vinculados a la extracción de petróleo. Hay empresas de talla internacional, como Chevron, entrando allí, y también contratistas colombianos mirando ese mercado como una oportunidad.
En el Perú, por ejemplo, Chevron también está presente como socio de Anadarko, porque ve la región como un conjunto y evalúa dónde avanza más rápido. Pero hoy solo tenemos cinco lotes en exploración. Los grandes descubrimientos vienen de lotes antiguos y, actualmente, la actividad exploratoria es muy baja. En tres de esos cinco lotes participa Chevron como socio de Oxy y Anadarko, pero todavía está en estudios ambientales y no es claro si llegará a producir. Al final, este tipo de empresas va a decidir dónde destinar sus recursos de inversión, dependiendo de qué país les da mejores condiciones y más rapidez en su recuperación.
Entonces, si estos actores ya están mirando la región, la pregunta es cómo aprovechamos eso y qué incentivos damos para que se interesen más en explorar en el Perú.
Sobre la inversión de Anadarko frente a las costas de La Libertad, ¿qué cree que ha visto la empresa en esa zona?
En la medida en que existan recursos y se encuentren reservas de petróleo, claro que habrá interés. El problema aparece cuando los plazos para explorar son demasiado ajustados y los procedimientos toman demasiado tiempo.
Los estudios ambientales y las evaluaciones son necesarios, el problema es cuando esos procesos se extienden tanto que impiden que las empresas determinen cuántos recursos existen, qué calidad tienen y si la inversión es viable. En ese escenario, la inversión termina cayendo a cero por defecto.
Por eso hay que ampliar los plazos de los contratos de concesión de lotes, facilitar los temas vinculados a costos y penalidades, y mejorar la capacidad del Estado para evaluar de manera más rápida y eficiente a los operadores. Lo importante es dar predictibilidad a los inversionistas y decirles: “En estas condiciones sí vas a poder operar”. Hoy muchos instrumentos de gestión ambiental no son predecibles y eso termina siendo un problema.
¿Qué tan importante sigue siendo el sector hidrocarburos para la economía y para regiones alejadas como Loreto?
Es muy importante para ciertas economías regionales. Quizás no tiene el mismo peso que la minería en la recaudación nacional, pero sí es fundamental para determinadas zonas. En la costa norte del país, por ejemplo, donde se concentran los lotes petroleros, el canon representa recursos muy relevantes para los gobiernos subnacionales. Lo mismo ocurre con el canon gasífero en Cusco.
Además, hay otro tema importante. A veces hablamos de hidrocarburos como si fueran tecnologías del pasado, pero cuando uno analiza cómo ha crecido la demanda, encuentra que la demanda de hidrocarburos crece incluso más rápido que el PBI. Eso muestra que la necesidad de ellos todavía no está desapareciendo.
El diésel sigue siendo difícil de reemplazar en ciertas industrias y el gas natural ha sido fundamental para darle estabilidad energética al país. Gracias a ese gas hemos tenido electricidad barata y un sistema energético más estable, lo que ha permitido al Perú avanzar de manera ordenada en la transición energética.
Por eso, hablar de hidrocarburos no significa hablar de una industria que está muriendo. Hay un proceso de convivencia y de complementariedad con la transición energética.
Hace poco hubo una incidencia en el ducto de gas natural que generó problemas en Lima. ¿Qué se puede hacer para fortalecer la seguridad energética?
Lo que vimos tras la ruptura del ducto de Camisea fueron los efectos: problemas logísticos para el GNV y el GLP, alzas en los precios spot de electricidad, industrias que tuvieron que reducir operaciones y hasta impactos indirectos en agroexportación. Por ejemplo, hubo problemas para fabricar envases de vidrio porque esa industria es muy intensiva en gas natural. Entonces, incluso sectores que aparentemente no tenían relación directa terminaron afectados.
Ahora, pensando en cómo evitar que eso vuelva a ocurrir, hay varias alternativas. Una es construir ductos redundantes, pero eso es muy costoso, especialmente en zonas de difícil acceso. Otra opción es desarrollar sistemas de almacenamiento de gas natural en Lima mediante plantas de licuefacción y regasificación. Eso permitiría contar con reservas para momentos de escasez e incluso importar GNL si fuera necesario. Hemos visto modelos así en Colombia y el costo sería de alrededor de US$ 1,500 millones.
También existe la alternativa del llamado “anillo energético”, conectando el sur y la costa mediante un sistema integrado de ductos. Eso daría mayor seguridad, pero el costo sería muchísimo más alto, alrededor de US$ 7,000 millones.
Cualquiera de esas opciones requiere un nivel muy alto de coordinación. Cuando se desarrolló Camisea no se hizo solamente un ducto: también se desarrollaron las exportaciones de GNL, centrales termoeléctricas y toda una estrategia integral. Entonces, si queremos una segunda etapa de Camisea, tenemos que discutir qué queremos hacer como país (más exportación, petroquímica, mayor seguridad energética, más exploración). Todo eso requiere coordinación y visión de largo plazo.
¿Cuáles deberían ser las medidas urgentes para el próximo gobierno respecto del sector?
Diría que hay tres temas urgentes. El primero es la reestructuración de Petroperú. Todos los peruanos terminamos respaldando el préstamo de hasta US$ 2,000 millones que, con sus resultados financieros actuales, la empresa tendría un alto riesgo de no devolver ese dinero. El problema de fondo es que Petroperú pierde dinero todos los años. Y esto no es solo un problema fiscal. Petroperú es socio en algunos lotes, es el principal comprador de petróleo del país y además abastece zonas alejadas. Si ese actor no funciona eficientemente, el sector tampoco puede funcionar bien. Su reestructuración implica fortalecer el gobierno corporativo y alejarlo de intereses políticos.
El segundo tema es la licitación de los lotes petroleros. Hoy el Estado ni siquiera ha podido licitar algunos lotes y ha tenido que ampliar contratos temporalmente para evitar una caída en la producción. Hay que pensar en contratos más largos que permitan seguir invirtiendo y optimizando la producción.
Y el tercer punto es definir qué se hará con los contratos vinculados a Camisea, que vencen en ocho años. Necesitamos discutir desde ahora cómo queremos que sea el sector gasífero en los próximos 30 años: si queremos más exportación, petroquímica o nuevas inversiones en infraestructura.
Todo eso hay que discutirlo ya.
¿También debería abrirse una discusión más amplia sobre cambios regulatorios y el rol de Perúpetro?
Totalmente. Necesitamos mucha más exploración. Tenemos recursos valiosos y precios internacionales atractivos, pero hoy prácticamente no se está explorando. En gas natural casi no hay exploración y, en petróleo, solo tenemos cinco lotes con actividades exploratorias. Claramente, algo estamos haciendo mal como país para atraer inversión.
Por eso, sí creo que hay que revisar de manera consensuada los incentivos regulatorios. Hace algunos años el propio Ministerio de Energía y Minas trabajó propuestas de cambios para la Ley Orgánica de Hidrocarburos, pero finalmente no se aprobaron.
Son debates que tenemos que retomar porque al final eso puede traducirse en más inversión y mayores beneficios para el país.
Finalmente, ¿qué tanto afecta la inestabilidad política al sector?
Muchísimo. Hasta el 2016, un ministro de Energía y Minas duraba en promedio 20 meses. Entre el 2016 y el 2021 el promedio bajó a seis meses y en este último quinquenio ha sido de apenas cinco meses. Cada vez que cambia el ministro, también cambian viceministros y directores generales. Con un interlocutor que cambia constantemente es casi imposible sostener conversaciones de mediano plazo sobre lo que el país necesita.
Cuando ya estás avanzando una discusión, cambia el interlocutor y tienes que empezar de nuevo. Esa degradación institucional, que afecta a muchos sectores del país, también está impactando de manera preocupante al sector Energía y Minas.