Usted ha mencionado que el principal obstáculo del Perú actual es normativo, no geológico, es decir el país tiene recursos para explotar. Ya con un nuevo Gobierno, ¿qué reformas normativas cree que se debe priorizar para el sector minero energético y reactivar la confianza los inversionistas?
El Perú tiene un enorme potencial geológico. Sin embargo, tiene importantes desafíos regulatorios e institucionales. Contamos con un potencial minero de clase mundial y un ciclo de precios favorable, pero la capacidad de convertir ese potencial en inversión efectiva se ve limitada por una permisología compleja, plazos inciertos y una debilidad institucional agravada por la alta rotación de autoridades y la ausencia de criterios técnicos unificados.
Reactivar la confianza del inversionista pasa, ante todo, por devolver predictibilidad al marco regulatorio y a la gestión pública. Desde la SNMPE consideramos que la reforma debe abordarse con una mirada sistémica. Primero, el fortalecimiento institucional del Estado a todo nivel de Gobierno, dotando a las entidades competentes de recursos que permitan contar con personal calificado, capacidades técnicas y tecnología adecuada. Un Estado sólido institucionalmente es la base de cualquier política seria de promoción de inversiones; sin ello, ninguna simplificación normativa se sostiene en el tiempo.
De otro lado, es imprescindible, la simplificación y promoción de las exploraciones, que son el origen de toda la cartera futura de proyectos. Aquí proponemos introducir un procedimiento acelerado o fast track para las exploraciones iniciales de menor envergadura, aquellas de hasta 10 plataformas de perforación. Debemos de reconocer esfuerzo del MINEM por ampliar a 60 el número de plataformas gestionables mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), optimizando su evaluación y la de los Estudios de Impacto Ambiental semidetallados (EIA-sd), fijando plazos y procedimientos predecibles entre la autoridad competente, las entidades opinantes y el titular del proyecto.
Asimismo, debemos abordar la simplificación de los procedimientos que hoy constituyen cuellos de botella comprobados, en particular los de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en materia de agua, los de SUCAMEC en gestión de explosivos, y los procedimientos técnico-mineros de la Dirección General de Minería en la etapa productiva, especialmente para la concesión de beneficio y sus modificaciones. En ese sentido, la implementación de una Ventanilla Única real y efectiva no debe quedar como una expectativa sino como un trabajo a implementar en estos años, junto con el fortalecimiento de entidades como SENACE, de modo que realice una evaluación ambiental integral y especializada sin depender de múltiples opiniones técnicas vinculantes que hoy fragmentan y dilatan la aprobación de los EIA, todo ello sin relajar los estándares ambientales.
Finalmente, desde el sector público, se debe implementar lineamientos claros sobre la aplicación de la consulta previa que otorguen certeza respecto de su oportunidad, procedimiento y plazos, así como una mejora sustantiva en el acceso a tierras y el saneamiento físico-legal. A ello se suma un frente ineludible para restaurar la confianza y la competitividad del sector formal: una lucha decidida contra la minería ilegal, con una Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) técnica y sólida que no se convierta en un nuevo mecanismo de formalización indefinida, una fiscalización efectiva a cargo del gobierno nacional y trazabilidad integral de la cadena productiva.
Considerando el costo estimado en S/ 12,000 millones que generan los retrasos en los proyectos, ¿qué gestiones o iniciativas serían necesarias con el Poder Ejecutivo para reducir los tiempos para sacar adelante proyectos del sector minero energético?
El principal espacio para lograrlo es la Mesa Ejecutiva del sector minero, que ya reúne al sector público y al privado en torno a una agenda concreta de destrabe. Nuestra prioridad es que ese espacio pase de la discusión de mejoras puntuales a la ejecución de una agenda transversal, con metas y plazos verificables.
En esa línea, planteamos algunas gestiones. En primer lugar, aprobar las medidas de simplificación que ya están maduras y a la espera de decisión del Ejecutivo.
En segundo lugar, incorporar de manera decidida el silencio administrativo positivo y la aprobación automática en los procedimientos que lo permitan, junto con la prórroga y renovación automática de autorizaciones y licencias cuando se mantienen las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas. Estos mecanismos atacan directamente el incumplimiento de plazos, que es una de las principales fuentes del sobrecosto.
En tercer lugar, avanzar en la interoperabilidad y digitalización de la tramitación entre entidades, sustento operativo de una Ventanilla Única real, para eliminar duplicidad de evaluaciones y la descoordinación interinstitucional que hoy obliga al administrado a recorrer una misma etapa varias veces ante distintas autoridades y, finalmente, establecer plazos definidos donde hoy no existen y ello genera parálisis.
Un ejemplo concreto es el régimen de cierre de minas: tras el Decreto Supremo N° 006-2025-EM subsiste un vacío en el plazo para que la OEFA y el OSINERGMIN emitan el informe de verificación necesario para que el MINEM otorgue el Certificado de Cierre Final. Existe un proyecto de modificación publicado pendiente de promulgación que debería impulsarse, junto con mesas de trabajo conjuntas sobre la metodología de cálculo y liberación de garantías.
El gremio ha sido muy enfático en denunciar el impacto de la minería ilegal y el crimen organizado en la seguridad del sector. ¿Qué pediría a las nuevas autoridades con respecto a este tema?
La minería ilegal genera pérdidas económicas y sociales enormes para el país, además de vulnerar derechos humanos. Nuestras propuestas en esta línea apuntan a tres frentes. Primero, una nueva Ley MAPE técnica y sólida que establezca reglas claras para la pequeña minería y minería artesanal formal, sin convertirse en un nuevo mecanismo de formalización indefinida ni en un régimen de impunidad. Sobre esto hay que ser muy directos: el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no puede reabrirse ni prorrogarse nuevamente. El propio Tribunal Constitucional ha señalado que no resulta constitucionalmente amparable regular marcos de exención penal en procesos de formalización minera. Lo que el país necesita es cerrar ese capítulo con una norma que regule la MAPE en un escenario de formalidad real, no de formalización permanente.
Segundo, una fiscalización efectiva centralizada en el gobierno nacional —el MINEM ya cuenta con el mandato legal para asumir estas competencias sobre la MAPE, en virtud de las Leyes N° 32213 y N° 32537—, con criterios uniformes a nivel nacional y capacidad operativa real en campo.
Tercero, trazabilidad integral de la cadena productiva, desde la extracción hasta la exportación, con énfasis en las plantas de beneficio que son el eslabón clave para verificar la trazabilidad del mineral y evitar se procese mineral de fuente ilegal. En esa línea, hemos planteado la creación de una autorización de salida previa a la exportación de minerales provenientes de la MAPE, un mecanismo similar al que ya existe para los insumos químicos y bienes fiscalizados, que exigiría declarar el destino del mineral, el volumen por derecho minero y la acreditación del titular.
Usted ha manifestado que el Estado debe usar los recursos que recibe del sector minero formal en el cierre de brechas de servicios básicos para la población. Como líder empresarial, ¿cuál considera que es el principal cuello de botella para esto? ¿Dónde hay espacios de mejora para el uso de estos recursos?
Efectivamente, los recursos que se transfieren a las entidades subnacionales provenientes de las empresas mineras formales representan parte sustancial de sus presupuestos (significan en promedio arriba del 20% y en algunos casos llegan a superar el 50%), y de acuerdo con la normativa vigente, estos recursos deben ser aplicados a financiar los proyectos fundamentales para lograr el cierre de brechas en los servicios básicos de la población.
Sin embargo, año tras año se verifica que no se logra la ejecución de todos los recursos (solo se logra ejecutar el 70%). Eso quiere decir que, habiendo recursos económicos, estos, por un lado, no son utilizados total ni eficazmente y por el otro, que este uso no es sentido como beneficio por los ciudadanos. Es decir, los proyectos o gastos que los alcaldes o gobernadores regionales realizan no se traducen en avance en el cierre de brechas para beneficio de la población. Con ello, los niveles de pobreza se mantienen y los servicios no mejoran sustancialmente. Esto es muy grave.
En ese sentido, hay varios espacios de mejora. Primero, en planificar adecuada y ordenadamente la inversión pública en el territorio. Que los planes reflejen acciones para cubrir las necesidades de servicios, elevar la calidad de estos o lograr que estén a tiempo y en el espacio que requiere la ciudadanía. Si bien hay un esfuerzo que se observa en los planes de desarrollo concertados (regionales y locales), muchas veces estos documentos se encuentran desactualizados, o no corresponden con la realidad, o no se suman o complementan con los que pueda realizar otra entidad pública.
De otro lado, la priorización de los proyectos debe responder al impacto o beneficio que ofrezcan a la población, velando por no dejar de lado obras o acciones en zonas alejadas con escaso número de ciudadanos.
Debemos encontrar la manera de que la elaboración y evaluación de los estudios de preinversión, sean realizados con la rigurosidad y cuidado técnico, velando porque correspondan adecuadamente a la realidad y se haya identificado adecuadamente a los beneficiarios, respaldado en un análisis exhaustivo de su costo. Muchas de las entidades no cuentan con recursos (humanos y equipamiento mínimo) necesarios, no se tiene el personal profesional requerido o con la experiencia necesaria. A esto hay que añadir que el alto nivel de rotación de estos profesionales afecta la continuidad de los procesos administrativos y finalmente la ejecución real de los proyectos, situación sobre la que cabe también accionar. El Estado debe revalorar la carrera pública.
Asimismo, es importante generar herramientas y espacios de coordinación entre las entidades de la zona, para que sea posible plantear proyectos más grandes y de alto impacto, más allá de la frontera de división política del territorio. El accionar hoy muestra un alto nivel de fraccionamiento de proyectos, se observan muchos pequeños proyectos (con montos menores al millón de soles), que atienden ámbitos y población limitada. Es necesario trabajar para desarrollar esquemas y procesos de colaboración entre entidades, lo cual involucra convenios y definiciones respecto del financiamiento y operatividad, que si bien no son sencillos serían una alternativa para obtener de un lado un uso eficiente de los recursos al mismo tiempo que podría lograrse un mayor número de beneficiarios.
Finalmente, hay que establecer un esquema continuo y eficiente de información y rendición de cuentas de la gestión y uso de los recursos provenientes del sector minero energético.
El cobre peruano es clave para la transición energética global. ¿Qué cree que el Perú pueda hacer para no perder competitividad y seguir siendo un destino atractivo para la inversión extranjera?
En primer término, diría poner en valor la cartera de proyectos ya identificados y, en paralelo, dinamizar la exploración. Esto afianzaría aún más el potencial geológico del país.
El elemento clave para lograrlo y para elevar la competitividad del país está relacionado con la necesidad de elevar la eficiencia en los trámites, reduciendo la complejidad, evitando duplicidades y respetando el tiempo que se establece para cada uno, sin que ello signifique una reducción en los estándares que se tienen establecidos.
Como ya mencioné, la tramitología excesiva, la inestabilidad jurídica y la falta de articulación entre las instituciones han paralizado inversiones clave. Debo insistir en la relevancia que tiene el contar con un trabajo coordinado entre las autoridades, sustentado en la fortaleza de las instituciones, con recursos, tecnología y personal adecuados.
Además, se debe tener una posición concreta de respeto al estado de derecho y reglas claras y predecibles (concesiones). Esto incluye una posición firme y definitiva respecto de la minería no legal, una Ley MAPE que modernice el régimen actual, establezca un marco jurídico sólido que promueva la sostenibilidad y productividad de la pequeña minería y la minería artesanal, en un escenario de formalidad y no de permanente formalización.
El sector minero representa la oportunidad que tiene el país para generar empleo, potenciar emprendimientos y empresas, imprimir dinamismo y materializar desarrollo real. La llamada de urgencia a los peruanos es asegurarnos de que no se repita la historia respecto del valor de nuestros recursos, y que se aproveche el contexto internacional que hoy requiere minerales críticos para la transición y transformación energética. Esto nos presenta una ventana abierta para mejorar las condiciones de vida de los peruanos con el concurso de autoridades, empresas y sociedad civil.