El director del Proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petroperú de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Ángel Delgado, dijo en el foro PERÚ ENERGÍA 2026 que la transformación de la empresa estatal busca convertirla en una compañía financieramente sostenible y capaz de operar sin nuevas ayudas del Estado hacia el año 2032.
El funcionario señaló que la meta principal de la reorganización es lograr que Petroperú llegue al año 2032 como una empresa financieramente autosostenible, capaz de cumplir sus obligaciones sin recurrir a nuevos apoyos estatales.
“La empresa debe dejar de ser una carga fiscal y volver a convertirse en una plataforma de competitividad, seguridad energética y desarrollo para el país”, dijo.
El funcionario sostuvo que el proceso constituye una de las intervenciones corporativas más importantes emprendidas por el Estado en los últimos años. La estrategia liderada por ProInversión busca estabilizar financieramente la empresa, ordenar sus activos, incorporar inversión privada y recuperar la confianza del mercado.
“La reorganización patrimonial y operativa de Petroperú no puede entenderse como un ajuste contable ni transitorio. Se trata de una reingeniería corporativa profunda”, señaló.
Uno de los principales anuncios realizados por Delgado fue la próxima conformación de bloques patrimoniales dentro de Petroperú con el objetivo de atraer inversión privada.
Explicó que estas unidades serán estructuradas bajo criterios de autonomía operativa, generación de flujo económico, rentabilidad potencial y capacidad para captar interés de inversionistas.
Los primeros bloques patrimoniales serán aprobados en julio mediante planes específicos de promoción. “En las condiciones actuales, Petroperú no tiene capacidad financiera suficiente para asumir por sí sola las inversiones que requiere la infraestructura energética del país”, sostuvo.
Como parte del proceso de reorganización, Delgado informó que evaluarán la disposición de activos inmobiliarios considerados no esenciales para la operación de la empresa. Entre ellos mencionó clubes recreacionales, casas de playa y la sede corporativa ubicada en el distrito limeño de San Isidro.
Delgado sostuvo que la situación de Petroperú tiene implicancias que van más allá de la propia empresa y que impactan directamente en la competitividad energética del país.
Indicó que el Perú cuenta con un potencial de producción de hidrocarburos significativamente superior a los niveles actuales de extracción. Según estimaciones presentadas durante su exposición, el país podría alcanzar una producción de hasta 245.000 barriles diarios, frente a los aproximadamente 45.000 barriles diarios que produce actualmente. “El Perú no puede seguir importando cuando tiene capacidad para producir internamente”, afirmó.
El funcionario señaló que la reorganización responde a una situación financiera crítica que enfrentaba la petrolera estatal.
Explicó que, al cierre de 2025, Petroperú registraba un capital de trabajo negativo cercano a los 1.500 millones de dólares, reflejando que sus obligaciones de corto plazo superaban ampliamente los recursos disponibles para atenderlas.
Esta situación amenazaba con afectar la continuidad operativa de la empresa y comprometer el abastecimiento de combustibles, especialmente en zonas donde Petroperú mantiene una presencia estratégica.
Asimismo, advirtió que un eventual incumplimiento de obligaciones financieras podría haber generado repercusiones en los mercados internacionales y afectar la percepción del riesgo país.
En los últimos años Petroperú recibió aportes de capital y garantías estatales que comprometieron recursos públicos significativos, situación que, dijo Ángel Delgado, no puede mantenerse indefinidamente. “El Estado peruano no continuará financiando rescates sin condiciones, sin transparencia y sin resultados verificables”, enfatizó.
El nuevo esquema de reorganización de la estatal de ProInversión incorpora mecanismos de supervisión, control y rendición de cuentas orientados a garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa.
El representante de ProInversión explicó que el proceso de estabilización contempla un financiamiento de hasta 2.000 millones de dólares respaldado por un marco normativo específico y “no constituye un subsidio ni un desembolso directo de recursos fiscales, sino una garantía diseñada para facilitar el acceso a financiamiento privado en condiciones favorables”.
Además, señaló que los recursos serán administrados mediante mecanismos de control y trazabilidad que permitan supervisar el destino de cada desembolso. “La caja estará blindada”, aseveró al referirse al esquema de administración financiera diseñado para la reorganización.
Fuente: Perú Energía.