¿Qué medidas deberían marcar el inicio de la próxima gestión gubernamental para impulsar al sector minero energético? Con esa pregunta, Desde Adentro consultó a los presidentes de los comités sectoriales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), quienes coincidieron en que los primeros cien días serán determinantes para establecer el rumbo de una agenda orientada a recuperar la competitividad y generar confianza para la inversión.
Aunque cada actividad enfrenta desafíos específicos, las respuestas convergen en prioridades comunes: simplificar la regulación y reducir la excesiva tramitología, fortalecer la institucionalidad del Estado, combatir las actividades ilegales que afectan al sector, brindar mayor seguridad jurídica y destrabar proyectos de inversión. A ello se suman propuestas específicas para cada industria, como impulsar la formalización minera, consolidar una política energética de Estado, fortalecer el sistema eléctrico y promover el desarrollo de proveedores nacionales e innovación tecnológica.
“Lo primero es la desregulación, sin perder el rigor que asegure un adecuado manejo ambiental y social de los proyectos mineros”
Gonzalo Quijandría Fernández, presidente del Comité Sectorial Minero
Lo primero es la desregulación. Sin perder el necesario rigor que asegure un adecuado manejo ambiental y social de los proyectos mineros, pero eliminando trámites que no agregan valor a la regulación, buscando eficiencias.
En segundo lugar, la formalización de mineros artesanales y lucha contra la extracción y proceso ilegal de minerales. Esto pasa por eliminar el Registro Integral de Formalización Minera, fiscalizar el acopio y procesamiento de minerales a pequeña escala y promover una ley que permita formalizarse a todo el que quiera hacerlo.
Finalmente, hay que impulsar el desarrollo de la cartera de más de US$ 60 mil millones en proyectos mineros del Perú. No podemos desaprovechar como país otra oportunidad que nos permitirá alcanzar el desarrollo y derrotar a la pobreza.
“La prioridad es contar con una política energética de Estado que reconozca el rol estratégico de los hidrocarburos”
María Julia Aybar Solis, presidenta del Comité Sectorial Hidrocarburos
Tal como lo hemos venido señalando, la prioridad debe ser contar con una política energética de Estado que reconozca el rol estratégico de los hidrocarburos, permitiendo así generar un ambiente promotor para la inversión en el sector. Para cumplir con este objetivo será necesario implementar un marco regulatorio y contractual competitivo, enfocado principalmente en la revisión de los plazos contractuales y las regalías. Esta medida permitirá reponer reservas e incrementar la producción de hidrocarburos para disminuir la importación a precios internacionales.
Un segundo tema prioritario está referido a solucionar la excesiva “tramitología”, la que hace que los plazos para la obtención de los títulos habilitantes sean hasta tres veces más de lo que se establece en la reglamentación vigente. Esta demora no solo desincentiva la inversión en el sector, sino que además es uno de los aspectos que nos resta competitividad frente a los otros países de la región.
La falta de una política clara ha puesto en conflicto la promoción de inversiones en el sector frente a iniciativas que buscan promover el desarrollo de energías renovables o crear reservas naturales protegidas, cuando deberían buscar un equilibrio teniendo en cuenta que las actividades de hidrocarburos son compatibles con ambas iniciativas.
El tercer tema prioritario es reforzar la institucionalidad de las entidades encargadas del sector. El MINEM requiere mayor estabilidad en sus funcionarios de dirección, así como la mejora en sus capacidades de toma decisiones en un entorno global complejo y en el marco del proceso de transición energética.
Son necesarias normas orientadas al fortalecimiento del MINEM enfocadas en la búsqueda de un planeamiento energético que permita evaluar medidas que orienten un desarrollo sostenible del sector. Asimismo, la reactivación del sector requiere la reestructuración de Perúpetro, como entidad encargada de la promoción de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, a fin de que cuente con autonomía y capacidad que le permita participar como entidad técnica especializada en los procesos relacionados a la creación de áreas naturales protegidas o reservas indígenas y a la implementación de políticas orientadas a promover las inversiones en el sector.
Respecto al Osinergmin, es necesario una reforma a fin de generar mayor predictibilidad y razonabilidad en sus decisiones tarifarias y de fiscalización, de tal manera que sus actuaciones se circunscriban al marco legal y reglamentario establecido por el MINEM.
Por último, el nuevo Gobierno deberá garantizar que se continuará con el proceso de reestructuración de Petroperú dentro del marco de los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 03-2026, orientados a la implementación de una gestión eficiente, un gobierno corporativo transparente y una autosostenibilidad financiera.
En particular, debe revisarse lo avanzado con el encargo de reestructuración por bloques patrimoniales que viene efectuando ProInversión a fin de identificar las actividades que generan valor a la empresa, y que se tomen las medidas internas para reducir costos y optimizar procesos.
“Se requiere proteger la infraestructura crítica de la amenaza del crimen organizado y de la extorsión”
Walter Sciutto Brattoli, presidente del Comité Sectorial Eléctrico
Con relación al sector eléctrico, en los primeros cien días del próximo Gobierno será fundamental centrarse en tres prioridades estratégicas.
Primero, la recuperación del control territorial para garantizar la seguridad pública. Se requiere proteger nuestra infraestructura crítica de la amenaza del crimen organizado y la extorsión; sin un entorno seguro, el riesgo país se eleva, encareciendo el capital y retrasando los proyectos esenciales para nuestra autosuficiencia energética.
En segundo lugar, es importante tener en cuenta que el crecimiento de la economía se sostiene en el crecimiento y la resiliencia del sistema eléctrico. Por lo tanto, para dinamizar la economía se requiere destrabar proyectos energéticos clave, con criterios técnicos que eliminen la burocracia y la sobrerregulación. El Estado debe enfocarse en eliminar la “tramitología” que asfixia a los motores del país, permitiendo una ejecución más ágil que traduzca nuestra disciplina macroeconómica en una mayor velocidad de crecimiento, condición indispensable para impulsar una transición energética justa y competitiva.
Adicionalmente y como complemento de lo anterior, será importante fortalecer la institucionalidad y contar oportunamente con los cuadros técnicos necesarios para la gestión sectorial. Estos dos aspectos son fundamentales para asegurar una adecuada toma de decisiones, fortalecer la estabilidad jurídica y aportar predictibilidad sobre el retorno de las inversiones que requiere nuestro sector, las que como sabemos, son de gran envergadura, largo plazo de recuperación e intensivas en capital.
Finalmente, se debe tomar en cuenta que los cambios inesperados en los criterios de supervisión y fiscalización o en el reconocimiento de inversiones quiebran la confianza de los inversionistas, deteniendo el flujo de ejecución de proyectos necesarios para garantizar la resiliencia y el crecimiento de nuestro sistema energético.
“El próximo Gobierno tiene la oportunidad de convertir al Perú en uno de los principales destinos mineros del mundo”
Juan Montoya Bamberger, presidente del Comité Sectorial Proveedores
La gran minería seguirá siendo uno de los principales motores del crecimiento del Perú durante la próxima década. Sin embargo, para aprovechar plenamente el potencial de inversión y desarrollo que ofrece la demanda global de minerales estratégicos, el próximo Gobierno deberá concentrarse en tres prioridades fundamentales.
Primero, recuperar la seguridad y enfrentar la minería ilegal. La expansión de actividades ilegales afecta la competitividad, genera violencia, deteriora el medio ambiente y crea un entorno de incertidumbre para las empresas formales; sin seguridad y control territorial es imposible atraer inversiones de largo plazo. Esto debe venir acompañado de un decidido esfuerzo por fortalecer la estabilidad económica y la seguridad jurídica: los proyectos mineros y las inversiones de sus proveedores requieren reglas claras, instituciones sólidas y predictibilidad regulatoria. La confianza es un activo esencial para movilizar capital y generar empleo.
Segundo, impulsar la competitividad mediante infraestructura e innovación. Las brechas en transporte, logística y conectividad elevan costos y limitan el crecimiento de los proveedores nacionales; en este frente, un plan de acción inmediato sobre el inminente fenómeno “El Niño” es clave para sostener de la mejor manera la cadena de abastecimiento en el sector. Paralelamente, la minería avanza hacia modelos más digitales, automatizados y sostenibles, lo que exige políticas que promuevan innovación, adopción tecnológica y desarrollo de talento especializado.
Finalmente, fortalecer la institucionalidad y el diálogo social. El desarrollo de nuevos proyectos dependerá de la capacidad del Estado para generar confianza, promover inversiones responsables y asegurar que los beneficios lleguen efectivamente a las regiones y comunidades. La minería sostenible requiere de una alianza sólida entre sector público, empresas y sociedad civil.
En este sentido, acelerar el destrabe de proyectos y simplificar la regulación es fundamental; el Perú posee una importante cartera de inversiones que puede impulsar el crecimiento, la recaudación fiscal y el desarrollo regional. El desafío es contar con procesos más eficientes, digitales y coordinados entre las distintas entidades del Estado, sin reducir los estándares ambientales y sociales.
El próximo Gobierno tiene la oportunidad de convertir al Perú en uno de los principales destinos mineros del mundo. Para lograrlo, deberá priorizar seguridad, estabilidad, competitividad y una institucionalidad capaz de impulsar las inversiones que el país necesita para crecer y generar bienestar.